Malestar municipal por la supresión de 38 de las 53 oficinas liquidadoras

La medida es la letra pequeña del despliegue de la Agencia Tributaria de Catalunya

“Nos quedamos con el titular de que se abrían 15 oficinas nuevas de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), pero no que se cerraban 38 oficinas liquidadoras”, lamenta el alcalde de Igualada, Marc Castells (PDC), en referencia al plan para desplegar la Hacienda catalana que en septiembre presentó la Conselleria d’Economia. Y es que la capital de la Anoia se queda sin oficina liquidadora. Y con ella, toda la comarca. Sus ciudadanos, para pagar los impuestos de transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, tendrán que ir a Manresa o a Vilafranca.

No es el único caso, aunque quizás uno de los más graves. La incertidumbre, la sensación de que se están perdiendo servicios, las dudas que no se solventan están creando malestar en el mundo local desde donde se insiste en que 38 oficinas menos son muchas. Se mire como se mire. Se sea partidario de la independencia y de una hacienda propia o no (en este último caso, algunas fuentes del mundo local dicen que la actual medida, más que efectividad, busca propaganda para una ATC que gestionará lo mismo que se gestiona ya).

“No podemos crear un nuevo país con la sensación de que perdemos servicios”, continúa el alcalde de Igualada, ciudad en donde se ha creado un frente común de defensa de la oficina en el que hay partidos (PDC, PSC, Decidim Igualada, PP, CUP y una escisión de ERC), sindicatos o asociaciones empresariales y civiles. “Perdemos a un personal muy cualificado. Perdemos proximidad”, apunta la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz (PSC), al frente de un municipio que ha aprobado una moción de apoyo a las oficinas liquidadoras y a sus trabajadores (votaron a favor PSC, CDC, C’s, Canviem Esplugues, PP e ICV, mientas que la CUP y ERC se abstuvieron). “En nuestro caso son unos 50 trabajadores. Hemos llegado a hablar incluso de la posibilidad de ofrecer un equipamiento municipal para que no se vayan, pero no nos dan respuesta”, apunta el teniente de alcalde de Hacienda de l’Hospitalet, Manuel Brinquis (PSC).

Según información a la que ha tenido acceso La Vanguardia, las oficinas que podrían desaparecer, además de Igualada, Esplugues y l’Hospitalet o El Vendrell –el alcalde se reunía esta semana con trabajadores de la oficina–, serían la de Amposta, Arenys de Mar, Balaguer, Berga, Cerdanyola, Cervera, Falset, Gandesa, Les Borges Blanques, Lloret de Mar, Martorell, Mollet del Vallès, Montblanc, Olot, Palafrugell, Palamós, Pineda de Mar, Puigcerdà, Ripoll, Roses, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guixols, Sant Vicenç dels Horts, Sitges, Solsona, Sort, Tremp, Valls, Vielha y Vilanova i la Geltrú.

Las quince restantes no se mantendrían –ahora son 53–, pero su actividad la asumiría un mismo número de oficinas nuevas de la ATC –con un coste de 6,3 millones de euros–, las que están previsto que abran en el 2017 en su misma ubicación (Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, Terrassa, Tortosa, Sabadell, Reus, Tarragona, Vic...).

¿Y qué dice la conselleria? Sus fuentes aseguran que todavía puede haber cambios tanto en la lista de las que desaparecen como en las nuevas oficinas de la ATC previstas: se está pendiente de aspectos como la disponibilidad de locales y no hay nada definitivo.

Sobre el futuro de los actuales trabajadores, las mismas fuentes aseguran que se asumirán como personal de la ATC (la oficinas liquidadoras, aunque estén ubicadas, habitualmente, junto a registros de propiedad o mercantiles, cobran impuestos que el Estatut ya contempla, lo que pasa es que existía un convenio para delegar su cobro). La conselleria asegura que el déficit territorial se cubrirá a través de las 142 oficinas de la red de ventana única que comparten con las diputaciones. “Pero es que tampoco nos dicen cuándo será así”, se queja el alcalde Castells.

Los ciudadanos de Igualada, y de toda la Anoia, tendrán que desplazarse a Manresa o Vilafranca