El juez da más tiempo a las radiales, que siguen abiertas
El Estado asumirá las vías en una fecha que fijará otro auto
Balón de oxígeno para las radiales. La R-3 y R-5 de Madrid –así como un tramo de la M-50 y la circunvalación de Alicante– seguirán en servicio y en manos de sus respectivas concesionarias –gestionadas por administradores concursales– a la espera de que sean asumidas por el Estado. El titular del juzgado mercantil número 6 de Madrid, Javier Vaquer, anuló ayer el cese definitivo de la actividad de las concesiones y su puesta a disposición de Fomento, que debía producirse hoy, según ordenó el pasado mayo. La situación se mantendrá como está para que dé tiempo a organizar el traspaso al ministerio de manera ordenada. En un plazo de dos meses, el magistrado dictará un auto en el que fijará la fecha y las condiciones definitivas de la liquidación tras escuchar a todas las partes afectadas.
Los administradores concursales de las dos sociedades concesionarias –Accesos de Madrid y Ciralsa– y Fomento solicitaron al juez un aplazamiento del cese de la actividad con el compromiso de que el 1 de julio de 2017 estarían en condiciones de completar la operación y el ministerio asumiría las vías. Vaquer se aviene a dar más tiempo aunque no ha precisado cuánto. Con su decisión se puede perjudicar tanto a los acreedores, porque se incrementará la deuda de las concesionarias, como al propio valor de las infraestructuras, ya que, al transcurrir el tiempo, se reducirá la cuantía de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) que deberá abonar el Estado a las citadas empresas, en realidad también a sus acreedores. En cambio, mantener la actividad evita costes por rescisiones adelantadas de contratos, mantiene los puestos de trabajo y asegura la continuidad de un servicio que usan miles de ciudadanos, aunque muchos menos de los que se previeron antes de su construcción. El juez ha ponderado todos estos elementos para tomar su decisión.
Con este aplazamiento, el Gobierno en funciones se quita de encima la amenaza de la RPA, un asunto en el que el juez Vaquer no entra. Su pago quedará, presumiblemente, en manos de un nuevo Ejecutivo. Lo que ocurra con las primeras concesiones que se liquiden marcará el camino que seguirán las demás. En total hay ocho en diferentes fases de proceso concursal. Esta compensación por rescisión anticipada de la concesión podría ascender globalmente a más de 5.000 millones de euros, que irían a parar a los diferentes acreedores, entre los que hay diferentes bancos y fondos que han comprado deuda recientemente. La cifra varía mucho según quién la calcule –las concesionarias o Fomento– y su determinación podría abrir un nuevo conflicto judicial.