Temas del día
Los nuevos retos que tendrá Mariano Rajoy si logra ser investido, y la falta de viviendas de alquiler en Barcelona, especialmente de alquiler social.
NUEVE meses después de gobierno en funciones, tras la marcha de Pedro Sánchez en el PSOE, aparece en el horizonte la investidura de Mariano Rajoy. Un nuevo ejecutivo que, por razones de matemática parlamentaria, tendrá un margen de maniobra muy limitado. España entra en una etapa en la que la negociación y el diálogo político, algo que se echa mucho de menos, cobra enteros, mientras que el decreto ley pasa al rincón de pensar.
Al nuevo gobierno del PP que podría salir de la investidura le convendrá, pues, ponerse las pilas para encarar los muchos retos que tiene por delante, agravados por la larga etapa provisional precedente. El primero de ellos será la aprobación de los presupuestos del 2017, una tarea ardua vista la complejidad de los números y de las sensibilidades que habrá que cuadrar. El primer escollo es el del déficit, sobre el que la vigilancia financiera europea tiene puesto el foco tras el rosario de incumplimientos que pesa sobre España. El agujero real es en estos momentos de 15.000 millones de euros, una barbaridad que obligará bien a subir impuestos, bien a utilizar la tijera de los recortes si se quiere evitar la multa de Bruselas y la congelación de los fondos estructurales europeos. El dilema, por tanto, es de calado.
A la necesaria reducción de los números rojos presupuestarios se suman las necesidades sociales que hasta el momento han permanecido poco menos que en el limbo, teniendo en cuenta además que la relativa bonanza económica ha disparado las expectativas de los sectores más castigados por la crisis. Desde los salarios de los funcionarios hasta las pensiones, pasando por la sanidad, la educación y la dependencia, una de las más damnificadas por la anemia presupuestaria. Para que estos no se sientan decepcionados es preciso que la economía siga creciendo, lo que no está garantizado. Las expectativas pesimistas sobre el comercio mundial y los precios de las materias primas, especialmente los de la energía y los hidrocarburos, no invitan precisamente al optimismo. Y una economía tan dependiente del exterior como la española lo puede notar en una merma de su crecimiento. Por tanto, a la difícil tarea del nuevo gobierno se suma un factor que no está en su mano controlar, pero que deberá tener muy presente.
A este escenario hay que añadir otros aspectos. Uno de ellos es el que afecta a las necesarias infraestructuras que el país precisa para seguir creciendo. Destaca, entre otras, la del corredor del Mediterráneo que debería enlazar Andalucía, Murcia, Valencia y Catalunya –la macrorregión más productiva de España– con Europa. No ha sido esta una prioridad del PP, pero sí de las comunidades afectadas y de Bruselas, y que actuará de prueba del algodón para el nuevo ejecutivo. Otra de las carpetas que deberá resolver, y de forma urgente, es la cuestión de las autopistas radiales en suspensión de pagos de Madrid y de Alicante, un problema de 5.000 millones de euros, todo un quebradero de cabeza. Por no hablar de los proyectos encallados del AVE en Galicia, País Vasco, Andalucía y Extremadura, aunque existen otros más urgentes, como el de Rodalies de Catalunya, cuya ineficiencia es de escándalo.
Quedan más cuestiones trascendentes que resolver. Desde el problema con Catalunya hasta la pérdida de peso internacional, el reto del terrorismo yihadista, la crisis de la judicatura o las cuestiones relacionadas con la cultura y la propiedad intelectual, otro sector muy arrinconado por la crisis. Sin duda, una larga y ardua tarea.