Obras sin temores
Constructoras e ingenierías abogan por un nuevo modelo de licitación pública que evite las desviaciones económicas
Si una obra pública sale a concurso por 100 y se adjudica por 60, algo falla. O la primera estimación sobre su coste se ha hecho mal, o es la propia obra la que no se hará bien. Este es el razonamiento que defienden dos de los actores clave en el desarrollo de proyectos promovidos por las administraciones: las constructoras y las ingenierías, representadas en Catalunya por la Cambra de Contractistes y por Asinca, respectivamente. Estos desajustes están en la base de una gran cantidad de casos de corrupción. Y si, encima, el presupuesto es escaso, las cosas se ponen muy feas. La situación es tan preocupante, que los gobiernos lo miran todo con lupa –por ambas razones, la falta de recursos y por el temor a que haya irregularidades–, lo que ha supuesto un freno a la inversión, sostienen ambas entidades.
“Es cierto que ha habido corrupción, pero, en general, el modelo ha funcionado razonablemente bien durante mucho tiempo”, explica Joaquim Llansó, presidente de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, organización empresarial que agrupa a las constructoras que habitualmente trabajan con los organismos públicos. Sin embargo, precisa, “ahora las cosas han cambiado, el escenario es distinto después de una crisis sin precedentes que ha hecho mucho daño al sector, es imprescindible cambiar las reglas para que haya actividad”. Llansó insiste en que el país “necesita más obra pública”. De ello depende tener más y mejores carreteras, líneas de tren, escuelas, hospitales, centros cívicos...
En la misma línea, Josep Túnica, recién reelegido presidente de Asinca, la patronal de las ingenierías independientes catalanas, plantea que “urge cambiar el modelo y hacerlo más accesible a las empresas y, también, más transparente para la sociedad”. De lo contrario, argumenta, “no saldremos de la parálisis en que estamos”. Las cifras son escalofriantes. En el sector se estima que durante la crisis la contratación de obra pública se ha recortado cerca del 90%. En el 2015 se detectó un cambio de tendencia. Ya no se cae, y se comienza a crecer. Los porcentajes de incremento pueden ser altos, pero el volumen es bajo porque se parte de valores mínimos, pero no bajar es, según Túnica, “anímicamente bueno”. El 2016 es un año atípico, en gran medida debido a la provisionalidad del Gobierno central, la Administración con más capacidad inversora.
Las licitaciones con bajas que se pueden considerar temerarias no son casos aislados. Y eso pese a que la nueva legislación de contratación de ámbito estatal no permite modificar proyectos con sobrecostes de más del 10%. Antaño se hacía sin problemas. La Sagrera sirve de ejemplo. El pasado febrero se adjudicó la redacción del proyecto de instalaciones, arquitectura y modificación de la estructura de la futura estación por 1,2 millones de euros, un 59% menos respecto al importe de licitación. El asunto es preocupante, coinciden Túnica y Llansó, porque la empresa ganadora no sólo era la que ofreció un precio más bajo, sino también la que obtuvo peor puntuación técnica. Esto ocurre en una actuación en la que se han descubierto varios casos de corrupción con fuertes sobrecostes, el último, en investigación judicial, conocido este mismo verano. Y, mientras tanto, las obras están congeladas.
“El problema es muy preocupante –prosigue el presidente de Asinca–, porque sigue habiendo bajas sobre el precio de salida importantes, que en las obras dependientes del Ministerio de Fomento llegan al 50% y al 60%”. En la Generalitat, prosigue, “son más pequeñas, entre el 10% y el 15%, unos porcentajes más razonables”. Esta práctica impide el acceso de muchas empresas a las licitaciones, porque, pregunta Túnica, “¿cuáles pueden hacer ofertas que, de entrada, les suponen asumir pérdidas cuantiosas?” El resultado puede ser desastroso. Puede verse, por ejemplo, en varios tramos de líneas del AVE en construcción, paralizadas por desacuerdos económicos entre la Administración central y las constructoras.
Las adjudicaciones con bajas han facilitado la corrupción y están frenando proyectos, denuncian en el sector