El paro sube en septiembre, pero también aumenta la afiliación
El desempleo crece en 22.000 personas y la Seguridad Social gana 12.000
Cierre ambivalente del mes de septiembre en el mercado de trabajo: el número de personas inscritas en los servicios públicos de empleo aumentó en 22.801 hasta superar los 3,7 millones de parados, una cifra aún inferior a la de siete años atrás; al tiempo que la afiliación se incrementó en 12.025 ocupados, devolviendo el número de afiliados a la Seguridad Social por encima de los 17,7 millones –el nivel más alto desde septiembre del 2009–. En una situación similar está Catalunya, que se encuentra entre las 14 comunidades donde subió el paro registrado (5.641 más, para sumar un total de 451.081), al tiempo que se crean 3.738 empleos (con una tasa intermensual del 0,12% frente al 0,07% en toda España).
El fin de la campaña de verano se refleja en los registros de la Seguridad Social. En el sector de la hostelería se destruyeron el mes pasado 43.526 puestos de trabajo (-3,3%) y otros 29.026 (-1,2%) en el comercio. Con el comienzo del curso escolar, la temporalidad también está presente en las nuevas contrataciones, ya que el sector más beneficiado es el de la educación (61.555 afiliados más, un 9,8% más que en agosto), seguido de las actividades administrativas (17.812) e industria manufacturera (12.035). El aumento de la afiliación en 12.000 puestos de trabajo es muy similar al experimentado en el 2014, y para encontrar niveles superiores hay que remontarse a septiembre del 2006.
En el último año, la afiliación media subió en 522.206 personas –la tasa interanual sigue por encima del 3%–, un registro levemente inferior al de 2015, cuando creció en 528.112. Este aumento de más de medio millón de afiliados recae básicamente en los servicios (433.000), frente a registros más modestos de la industria (58.000) y el castigado sector de la construcción (29.000).
En el mes de septiembre se firmaron nada menos que 1,9 millones de contratos, de los que casi el 9% fue de carácter indefinido. De estos 171.000 contratos, poco más de la mitad eran a tiempo completo. Preguntado por la reducción paulatina de la duración de los contratos temporales, el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, trató de restarle importancia argumentando que, según la EPA, sólo un 1% de los trabajadores tienen contratos de menos de un mes.
Desde el Ministerio de Empleo insistieron ayer en interpretar los últimos datos como una evidencia de “la fortaleza” en la creación de empleo. “Es la consolidación de una tendencia de los últimos tres años”, resumió el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, quien destacó además el dato desestacionalizado de afiliación (casi 45.000 puestos de trabajo más).
En cuanto a la cobertura de prestaciones en materia de empleo, el pasado agosto se situó en el 58,2%, siete décimas menos que en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el desembolso a lo largo del mes para atender a los desempleados con derecho a ayuda económica se ha reducido 9,3% con respecto a agosto del 2015.
Más allá de sacar pecho por los resultados de un mes tradicionalmente “malo” para el empleo como se considera septiembre, la ministra en funciones de Empleo, Fátima Báñez, afirmó que su departamento está buscando una solución negociada para encajar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los interinos. Báñez explicó que mantienen conversaciones con los agentes sociales y los grupos parlamentarios y avanzó que también se dirigirán a los gobiernos autonómicos, que en última instancia gestionan buena parte del colectivo de interinos públicos, que se concentran en los sectores sanitario y educativo. A la espera del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el caso que llegó al TJUE –hoy delibera la sala correspondiente–, Báñez se mostró partidaria de retomar el acuerdo de investidura con Ciudadanos y aprobar una indemnización gradual para todos los trabajadores temporales que finalizan contrato –de 12 días en primer año, hasta los 20 días para los que tienen una antigüedad de tres años–.
Báñez asegura que están negociando una solución para la sentencia europea sobre los interinos