Un derecho como una casa
El Parlament aprobará una ley de emergencia social, la Síndica pide alquileres dignos y los inquilinos dan el primer paso para sindicarse
El Consell Executiu de la Generalitat aprueba una ley para proteger el derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social, una norma que pretende lograr por otros caminos los mismos fines que la ley de Emergencia Social recurrida por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional.
El Consell Executiu de la Generalitat aprobó ayer, como estaba previsto, una ley para proteger el derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social. La nueva norma se tramitará y aprobará en el Parlament por la vía rápida, este mismo mes. Se trata de una disposición que pretende lograr por otros caminos los mismos fines que la ley de emergencia social 24/2015, que fue recurrida por el Gobierno del PP ante el Constitucional, a pesar de que en su corta existencia de nueve meses demostró su validez para frenar los desahucios y fue elogiada incluso por la ONU.
La inminente tramitación de la nueva disposición no es el único frente que se ha abierto en Catalunya contra lo que se ha dado en llamar emergencia habitacional. También ayer la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, presentó un informe. El texto, que la defensora de los ciudadanos ha hecho suyo, es obra de uno de sus más estrechos colaboradores, Manel Sanz, e incluye frases demoledoras: “La dificultad de acceder a una vivienda digna es el problema más grave y dramático a que se enfrenta el Ayuntamiento”. La ciudad no garantiza el derecho a una vivienda digna “porque es muy difícil acceder al mercado libre de alquiler a un precio razonable y la oferta pública es insuficiente”.
Controlar los alquileres no es competencia municipal. La alcaldesa Ada Colau se ha lamentado de que la capital catalana, a diferencia de París, por ejemplo, no puede fijar el precio máximo del mercado. Pero lo que sí puede, dice la Síndica, es exigir “a la administración o administraciones competentes que hagan las modificaciones legales necesarias para lograrlo”. La vivienda es un derecho esencial y se debe garantizar su acceso “a todo el mundo a un precio asequible”.
Maria Assumpció Vilà ha remitido estas recomendaciones a raíz de una actuación de oficio después de una visita al Poblenou, en la que entidades vecinales como Ens Plantem denuncian el riesgo de que este histórico barrio obrero sea otra Barceloneta y pierda su personalidad. La culpa es de la masificación turística. Este fenómeno está íntimamente relacionado con la gentrificación, un vocablo que alude a la elitización residencial de zonas urbanas en las que los residentes de toda la vida se ven expulsados, incapaces de hacer frente a los alquileres.
No es un problema exclusivo del Poblenou, pero sí muy preocupante en rincones como este con una doble presión: la del turismo, “que precisa plazas para alojar a los visitantes”, y la de los “especuladores”. El resultado –dice la Síndica– “es terrible: se modifica el carácter de un vecindario, la oferta inmobiliaria y los servicios, y se destierra a los habitantes sin capacidad económica para resistir los cambios”. Por ello, el texto aconseja al Ayuntamiento que el barrio reciba la clasificación de zona 1 del plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (con el acrónimo de Peuat) para que no se admitan “más establecimientos hoteleros ni la ampliación de sus plazas”.
Tras los últimos hechos, este es el resumen de la situación general, y no sólo del Poblenou: el Govern aprobará una ley a toda prisa para “proteger el derecho a la vivienda de personas en riesgo de exclusión social” y un informe independiente subraya que la falta de un techo o la existencia de una vivienda temporal e insegura “atenta contra la dignidad de las personas”. Con este panorama sorprende que en la lista de los “problemas personales” de los barceloneses el acceso a la vivienda ocupe sólo el decimosexto lugar, según la encuesta de servicios municipales. Y sorprende más cuando, según el propio Ayuntamiento, Barcelona registra una media de diez desahucios diarios.
Las últimas iniciativas de la Generalitat y de la defensora de los ciudadanos también contribuyen a ratificar la gravedad del problema. La víspera de que se confirmase que el Parlament dará el relevo a la ley 24/2015 y de que Maria Assumpció Vilà pusiera el dedo en la llaga de los elevados precios de alquiler se produjo otro hecho relevante. Tuvo lugar el lunes en Gràcia, donde entidades cívicas y vecinales de Barcelona dieron el primer paso para crear un sindicato de inquilinos contra “los abusos de los arrendadores”. Son palabras de radicales, pensarán los detractores, pero algo muy parecido dice un organismo libre de toda sospecha como la Sindicatura de Greuges.
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