Dieciséis jueces
Decíamos el otro día que con la implosión del PSOE ha caído una nueva pilastra del edificio de 1978. Otras dos comenzaron a resquebrajarse entre junio del 2010 y mayo del 2011: primera gran manifestación catalana por la sentencia del TC; indignados de puerta del Sol. Ninguna de estas grietas fue bien leída por las élites, que reaccionaron como es habitual en la cultura española cuando algo desagrada: con sátiras denigratorias y complejo de superioridad.
La pilastra de los indignados es más importante de lo que parece. Lo relevante no es el éxito o el fracaso de Pablo Iglesias, sino el rechazo de la transición por parte de las generaciones de menos de 35 o 40 años. No creen en su relato, no comparten sus valores y asocian transición con neofranquismo. La disidencia ideológica de los jóvenes españoles va más allá del deseo de toda generación de reescribir la historia a su manera: impugnan el sistema del 78 y reclaman un nuevo proceso constituyente. El presidente de la gestora del PSOE acierta sin querer cuando dice que el PSOE “se ha podemizado”: Sánchez y los perdedores de la batalla socialista están influidos por los valores que encarna Podemos. Ello significa que la impugnación del 78 avanza como mancha de aceite.
Desde el 2010, el malestar catalán también fue tratado con denigración de argumentos y protagonistas. El gobierno de Rajoy, con el aval de los principales grupos de comunicación y con la aceptación tácita del PSOE, sostiene que nada importante está ocurriendo. Al gobierno de España y a todas las fuerzas vivas les ha parecido suficiente recurrir a lo que Enric Juliana ha popularizado como Brigada Aranzadi, es decir, a la división legal. Abogacía del Estado, Fiscalía, Consejo General del Poder Judicial y tribunales de la más alta instancia. La división legal (junto con otra más eficaz y discreta: la fiscal) es la pared maestra más elegante del estado, puesto que el aparato policial, cuando es instrumentalizado políticamente corre el riesgo de dispararse en el pie más de una vez (como ha descubierto, estupefacto, el ministro Fernández Díaz).
El TC de Pérez de los Cobos ha intentado no convertirse en una delegación jurídica del gobierno. Procura aprobar las resoluciones por consenso y ha quedado incomodado por la reforma exprés de la institución impuesta por el PP. Pero no podrá evitar convertirse en el martillo de herejes dirigido desde el Gobierno. Ayer mismo, José M.ª Brunet explicaba las dificultades que tendrá el TC para sentenciar contra la prohibición de los toros en Catalunya. Es una anécdota, pero la categoría de la ruptura se profundiza. Lo mismo ocurre con las peticiones contra Mas, Rigau y Ortega: la pared maestra del Estado se está erosionando para gestionar lo que la política podría resolver y no quiere.
La fuerza del Estado es enorme y es verdad que el independentismo se refiere a ella con frivolidad. Pero es evidente que también la Brigada Aranzadi frivoliza con el impacto de la erosión. Si flaqueara en un momento dado la pared maestra judicial, ¿qué o quién aguantaría el edificio del 78?
El TC no podrá evitar convertirse en martillo de herejes dirigido por el Gobierno