El quietismo llega a su fin
MIENTRAS nos aproximamos al plazo final para la investidura del presidente del Gobierno de España y de entre las brumas surge la posibilidad de una abstención del PSOE que evite la celebración de unas terceras elecciones generales, alguna cosa se está moviendo en la cuestión catalana, uno de los factores clave de estos diez meses de bloqueo e interinidad.
En una reciente conferencia en Madrid, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, proponía al Gobierno de España pactar los términos y el contenido del referéndum sobre la independencia de Catalunya, que en estos momentos propone más de la mitad de la Cámara parlamentaria catalana, con un apoyo social que podríamos cifrar en el 56% del electorado, si tomamos como referencia los comicios del 27 de septiembre del 2015. Acudieron a la conferencia de Puigdemont los embajadores de siete países –entre ellos, Francia y el Reino Unido–, sin ningún representante del Gobierno español en la sala. Pese a esa significativa ausencia, las palabras del presidente de la Generalitat han tenido eco. Han sido escuchadas, lo cual no quiere decir que sean compartidas, puesto que también sigue vivo el eco de las últimas deliberaciones en el Parlament de Catalunya sobre la convocatoria unilateral de ese referéndum. Unilateralidad y negociación están reñidas. No se puede pedir negociación amenazando abruptamente con la ruptura.
La respuesta del Gobierno ha sido no. El Ejecutivo en funciones reitera que la Constitución de 1978 no permite la celebración de un referéndum de tales características, puesto que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español (artículo 1). Asimismo, el artículo 2 habla de la “indisoluble unidad de la nación española”. Sin embargo, el artículo 92 de la misma Constitución (“las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”) podría abrir la puerta a la celebración de un referéndum consultivo en Catalunya para conocer la posición de los catalanes sobre el autogobierno, sin el papel tornasol de unas elecciones, como ocurrió en septiembre del 2015. Algunos destacados constitucionalistas se han pronunciado en los últimos años a favor de esa vía, entre ellos el fallecido presidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente (2014), el exministro socialista de Justicia Francisco Caamaño (2013) y el profesor Francesc de Carreras (2012). Tomemos nota del artículo 92. Es probable que se vuelva a hablar de él dentro de un tiempo.
Ante la disposición al diálogo no es aconsejable la cerrazón. Una oferta de negociación, por equívoca que pueda parecer, nunca debe ser rechazada de plano. La cuestión de Catalunya no se resolverá por la vía judicial. El quietismo llega necesariamente a su fin. Si algún beneficio ha podido reportar al Partido Popular, esa fase ya está amortizada. El inmovilismo no es la mejor receta para gobernar en minoría si Mariano Rajoy consigue la investidura a finales de mes. Hay que moverse. Hay que dialogar. Hay que idear reformas.
Los catalanes quieren ser escuchados, pero no existe en Catalunya una mayoría social favorable a la ruptura unilateral. La gran mayoría de la sociedad española está con la Constitución, pero el nuevo Congreso de los Diputados no tiene una mayoría inmovilista. En este cruce deberá llevarse a cabo una política creativa en los próximos meses. Hay margen para ello.