Un comité de expertos propondrá cambios legales por el fallo de los interinos
La comisión, elegida por el Gobierno en funciones, patronal y sindicatos, dispone de un mes
A falta de un gobierno con plenas funciones, los cambios normativos para amoldarse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los interinos quedan, de momento, en manos del criterio de un comité de seis expertos que serán escogidos por el Ministerio de Empleo, la patronal y los sindicatos mayoritarios. Así lo acordaron anoche la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Josep Maria Álvarez. Este comité dispone, según explicaron todas las partes, de un mes para evaluar el impacto del fallo comunitario y del posterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que fijan la equiparación de la indemnización de los interinos –ahora no tienen– con el de los fijos, así como su propuesta de encaje en la legislación laboral española.
Báñez insistió en que se trata de “buscar una solución consensuada” y de “avanzar” el trabajo para “el gobierno que llegue”, continúe con el objetivo de “seguir manteniendo el crecimiento del empleo”. La ministra en funciones adelantó además que la próxima semana se reunirá la comisión de recursos humanos del ámbito de la sanidad para abordar, junto a las comunidades autónomas, el impacto de esta sentencia en el sistema nacional de salud –con una fuerte presencia de interinos–. El objetivo que se plantea sería reducir la tasa de interinos en el sector.
Desde la patronal saludaron la creación del comité de expertos –con dos miembros a propuesta del ministerio y otros tantos de los empresarios y sindicatos– como una oportunidad para tomar “una pausa” para analizar el problema y “tener una visión conjunta”. Juan Rosell se quejó de que “la legislación no es del todo concreta” y adelantó que cuentan con una evaluación sobre el impacto económico de “igualar” a todos los temporales, pero aseguró que no la harán pública hasta que “no hablen los expertos”. Para el presidente de la CEOE, la adaptación de la legislación “puede esperar” a una reforma más amplia: “Es un fuego que está quemando”.
Por su parte, los líderes de CC.OO. y UGT señalaron que este comité no paraliza su apoyo jurídico a los temporales que, al ver extinguido su contrato quieran reclamar ante la justicia una indemnización. Además restaron relevancia al coste de la aplicación de una compensación para todo tipo de temporales, tanto en la Administración como en la empresa privada. “No es descabellado plantearse la conversión en fijos de los interinos de la administración pública”, aseguró Fernández Toxo, para añadir que los 17 millones de contratos temporales firmados en el 2015 duraron de media apenas 53 días. Mientras, Álvarez advirtió de que los cambios normativos no han de suponer en ningún caso una “pérdida de los derechos” adquiridos en las últimas decisiones de los tribunales.
En la reunión de ayer entre Empleo y los agentes sociales, también trataron la ampliación de los beneficiarios del programa para parados de larga duración sin prestación y con cargas familiares así como el impulso del Pacto de Toledo y del Fondo de Garantía Juvenil, cuestiones que, como ocurre con las resoluciones sobre los interinos no podrán abordarse hasta que haya un nuevo gobierno.
La sentencia del TJUE que la semana pasada asumió la justicia madrileña establece que no existen “razones objetivas” que justifiquen una diferencia de trato entre trabajadores interinos y trabajadores con contrato fijo en cuanto a las indemnizaciones que deben percibir cuando finaliza su relación laboral. El debate se plantea sobre si esta equiparación en la compensación ha de alcanzar también a otros asalariados temporales.
Desde que se conoció la sentencian del TJUE, el Gobierno en funciones ha defendido que la falta de encaje de la legislación con el fallo europeo se solventaría con la adopción de una indemnización progresiva para los temporales, tal y como acordaron en el último pacto de investidura con Ciudadanos.
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