La fiscal acusa a Forcadell de querer “dinamitar” el Estado
El letrado del Parlament alertó a la Mesa de que se desobedecía al TC
La querella de la Fiscalía General del Estado contra la presidenta del Parlament acusa a Carme Forcadell de querer “dinamitar” el “modelo de ordenación territorial del Estado” al someter a votación del pleno de la Cámara las conclusiones de la comisión de Estudi del Procés Constituent. El lenguaje de la querella presentada es extremadamente duro con la presidenta. Sostiene que permitió un “trámite constitucionalmente ilegítimo” y “extravagante de las genuinas funciones parlamentarias para las que estaba investida” de acuerdo con la Constitución.
La querella de la Fiscalía General del Estado contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, utiliza términos muy tajantes para describir la conducta de desobediencia y prevaricación de la que la acusa. El texto –al que La Vanguardia ha tenido acceso– afirma que Forcadell quiso “dinamitar” el “modelo de ordenación territorial del Estado”.
La querella añade que Forcadell “acordó someter a votación la inclusión en el orden del día y la aprobación de unas conclusiones (de la comisión sobre el Procés Constituent) con cabal conciencia de que con su pronunciamiento impulsaba un trámite constitucionalmente ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia” y “extravagante de las genuinas funciones parlamentarias de la que estaban investidos” de acuerdo con la Constitución y el Estatut.
La Fiscalía se refiere a “la intrínseca arbitrariedad” de Forcadell, “mediante un ejercicio desviado de las funciones públicas que ostenta”. De este modo, “tomó medidas que posibilitaron la votación de las conclusiones de la Comisión pese a su contradicción flagrante con la Constitución”. Dichas conclusiones tratan de “desvincular” a Catalunya “del sistema constitucional, dinamitando el sistema de distribución de competencias establecido
en el modelo de ordenación territorial del Estado”. La querella –que se presentará hoy– también subraya que las decisiones de Forcadell acordando someter al pleno dichas conclusiones “no pueden ser reputadas como actos políticos a los efectos de quedar fuera del ámbito del delito de prevaricación”. Y al respecto añade que lo que se buscaba era “la derogación por la vía de
hecho de la Constitución”. Se trata, en suma de “decisiones que afectan al funcionamiento del Parlament y que potencialmente pueden generar una grave quiebra del ordenamiento constitucional”.
Paralelamente, el letrado Mayor del Parlament, Antoni Bayona, advirtió a la Mesa que la resolución sobre el referéndum impulsada por Junts pel Sí y la CUP en el debate de
Política General podía incumplir las órdenes del TC. Así lo recoge el acta de la reunión que mantuvieron los diputados el 6 de octubre tras el recurso de reconsideración presentado por C’s, PSC y PP. Existe –reza dicha acta– “la posibilidad de que el TC pueda considerar que se produce un incumplimiento” de las sentencias. Aun así, Junts pel Sí dio trámite a la resolución.
Los letrados del Parlament advirtieron que la resolución del referéndum podía desobedecer al TC