El toma y daca autonómico

La decisión del PP de vincular la flexibilización de los límites de déficit de las comunidades autónomas con la reserva para un gobierno en funciones de la potestad de modificar el objetivo de déficit y deuda pública de las administraciones, surtió efecto y puso al resto de formaciones parlamentarias en un brete. Unidos Podemos, ERC y PDECat rechazaron de plano la reforma precisamente por esa segunda parte que blinda una atribución para el gobierno que entienden que corresponde al Parlamento. Alberto Garzón, portavoz de Hacienda de Unidos Podemos, hizo en su intervención una enmienda a la totalidad, no sólo de la propuesta de reforma sino de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una norma, dijo, impuesta por Bruselas que a su entender supone, como antes ocurrió con el tratado de Maastricht, “la institucionalización de la ideología neoliberal”. No estaba más contento Francesc Homs, quien calificó de chantaje y coacción la pretensión del Gobierno en funciones de aliviar a las comunidades autónomas a cambio de atribuirse la capacidad de modificar los límites de déficit. En cambio, PSOE y Ciudadanos antepusieron la urgencia de la situación presupuestaria de las comunidades autónomas a la cesión ante la pretensión del Ejecutivo en funciones de arrogarse la competencia exclusiva en la fijación de los criterios de estabilidad presupuestaria.