La Generalitat dobla fondos para luchar contra la pobreza energética
La Generalitat aprobó ayer destinar 10 millones de euros, el doble que el año pasado, a pagar los recibos energéticos de las personas en situación de pobreza que no pueden hacer frente al pago del suministro eléctrico, agua o gas. La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, reconoció ayer que la única tasa que no desciende en Catalunya es la de la pobreza energética, por lo que el Govern ha decidido doblar el dinero que destinará en la campaña de invierno 2016-2017, una inversión que irá directa a los ayuntamientos para que paguen los recibos que no puedan satisfacer las personas necesitadas.
“El único ítem de pobreza que no ha bajado es el de la pobreza energética, que ha pasado del 5,1% al 8,7% en el 2015”, reconoció Bassa. Por eso, se ha decidido añadir una “adenda a los contratos programa con los ayuntamientos de cinco millones de euros más para pagar los recibos de las familias vulnerables este año y hemos pasado de 5 a 10 millones”, resumió la consellera.
En este sentido, se anunció la elaboración de una estrategia contra el sinhogarismo. El Govern hizo ayer balance sobre la situación de la pobreza en Catalunya, que afecta a un 19% de la población, un 1,9 puntos menos que el año anterior. Aunque Bassa reconoció que Catalunya tiene una tasa de pobreza superior a la media europea, indicó que ha mejorado cuatro posiciones y ha pasado del puesto 23 al 19 en el listado de países europeos con más pobreza. “Ningún país europeo ha conseguido reducir la pobreza como Catalunya que la ha reducido en un 9 % en el último año”, aseguró la consellera.
Bassa también anunció que este mes su departamento aprobará un programa de fomento del empleo para personas en paro de larga duración y otro para que trabajadores de 30 a 45 años puedan cambiar de sector si están en paro. La consellera explicó que su departamento ha invertido este año 83,3 millones de euros en programas de apoyo a la familia, 5 millones más que en el 2015, y que se han abierto 26 centros más para realizar actividades de ocio extraescolar para menores en situación de riesgo.
En cuanto a la renta mínima de inserción, Bassa informó de que han destinado 173 millones de euros, y que están “trabajando para cambiarla” y encaminarla “como primer paso” hacia una renta garantizada. “Queremos que la renta mínima se convierta en un derecho subjetivo, pero nos han faltado los 70 millones que teníamos previstos en el plan de choque”.