Ortega y su esposa arrasan en las presidenciales de Nicaragua
La oposición no participó en la elección y el régimen prohibió los observadores
De acuerdo al plan, Daniel Ortega ganó las elecciones en Nicaragua. Lo hizo por tercera vez consecutiva, acompañado en esta ocasión de su esposa, que se presentaba como candidata a la vicepresidencia. Así estaba previsto y así sucedió, en un proceso en el que la oposición no participó y sin la presencia de observadores independientes. Como pronosticaron las encuestas y según el escrutinio oficial, la pareja presidencial arrasó en las urnas, sumando a su favor más del 72% de los votos. El recuento indica también que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional obtendría una abrumadora mayoría parlamentaria con 70 de los 92 diputados en la Asamblea Nacional.
Las fuerzas opositoras –aglutinadas en el Frente Amplio por la Democracia y Ciudadanos por la Libertad– que habían llamado a la abstención, cuestionaron las cifras sobre participación que proporcionó la autoridad electoral, bajo control absoluto del oficialismo. Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), el 65% de los ciudadanos registrados en el padrón acudió a las urnas. La oposición, sin embargo, afirma que la abstención habría llegado al 70%.
El debate sobre el índice de participación no tiene mayor trascendencia, más allá del intento de la oposición por reivindicar el “éxito” de su boicot al proceso. Algo imposible de verificar dado que la presencia de los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea fue prohibida de forma expresa por el CSE. Sus cifras, en todo caso, son las que cuentan y dan al matrimonio Ortega la posibilidad de profundizar el modelo de gobierno autoritario que impera en Nicaragua, gracias a la alianza de conveniencia que el sandinismo ha establecido con la patronal y la iglesia católica. La complicidad de esos sectores ha permitido al oficialismo excluir a la oposición del juego electoral, cerrar los espacios de pluralismo político, controlar todas las instituciones del Estado y bloquear a la prensa independiente. También ha facilitado la instauración de una dinastía familiar que ahora se consolida con la llegada de la poderosa primera dama, Rosario Murillo, a la vicepresidencia. Según la Constitución, será quien asuma el poder si su marido falta.
No obstante, la abultada votación que las cifras oficiales otorgan a la pareja no garantiza un mandato cómodo. En primer lugar, el ascenso de Murillo ha generado un fuerte descontento entre los actores más influyentes del Frente Sandinista, que desconfían de ella por su carácter imprevisible. Por otro lado, el presidente deberá manejar la recesión económica y el consecuente deterioro del sistema de asistencia clientelar del régimen, ocasionados por la merma de la cooperación petrolera que llega de Venezuela desde el 2007. Una ayuda cifrada en más de 3.000 millones de dólares anuales y que ha sido administrada con total opacidad por el círculo íntimo del oficialismo.
Finalmente, Ortega tendrá que enfrentar las consecuencias de la Nicaragua Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act. Un paquete de sanciones económicas aprobado por el Congreso de EE.UU., pendiente de ratificación en el Senado, mediante el que Washington podría prohibir la concesión de préstamos al Gobierno de Managua, por sus excesos antidemocráticos, de organismos multilaterales como el Banco Mundial o el BID.
La unión del sandinismo con la patronal y la Iglesia católica sustenta el Gobierno autoritario de la familia Ortega