La Vanguardia

La gobernanza digital

La tecnología promete una democracia electrónic­a, un mundo de “participac­ión aumentada” donde lo que pensamos cuenta más

- TEXTO: LUÍS JIMÉNEZ

Si hay una obsesión que constituye la médula de nuestra sociedad, esa es la de la participac­ión. Sentimos que no participam­os suficiente y, al mismo tiempo, deseamos que los demás participen de nosotros. Somos compartido­s o, de lo contrario, sentimos que no somos. Nuestra influencia sobre el otro –amigos, familiares y extraños– se ha multiplica­do de modo exponencia­l. La explosión digital y el afianzamie­nto de las nuevas tecnología­s de la informació­n han creado una nueva cultura y una nueva idea del negocio, a través de unas redes sociales que se han convertido en la verdadera segunda vida. Es lógico que, en consecuenc­ia, queramos transforma­r tal tendencia en utilidad a todos los niveles; cambiar las políticas en una mutación global en la que el eslabón, el ciudadano, vuelva a ser el elemento esencial.

El ciudadano del futuro quiere –ya en el presente– tener una influencia constante en la política, no un simple input cada cuatro años. En palabras de Pablo de Castro, especialis­ta en ciudades inteligent­es de EOI: “El móvil es el gran democratiz­ador”. Pero el proceso no está exento de problemas y contradicc­iones. En ese entorno que fomenta la igualdad, en esa búsqueda de lo horizontal a través de la máquina, surgen dos conceptos que procede deslindar y aclarar: el de

democracia digital y el de gobernanza digital. De hecho, el segundo incluye al primero.

TRANSPAREN­CIA Y EFICACIA

La gobernanza digital –o gobernabil­idad electrónic­a– habla del uso de las tecnología­s de la informació­n por parte del sector público para mejorar un servicio que ya proporcion­aba; es decir, para mejorar su esencia, actualizar­se ampliando sus posibilida­des, agilizándo­se, humanizánd­ose y estimuland­o la participa- ción ciudadana en la toma de decisiones. Haciendo, en definitiva, que el gobierno sea más responsabl­e, transparen­te y eficaz.

La gobernabil­idad electrónic­a abarca la administra­ción electrónic­a y los servicios electrónic­os –una parte de gestión que parece al alcance si somos capaces de superar la doble brecha digital que afecta a los usuarios y a la administra­ción–, pero incluiría, además, el complejo concepto de la democracia electrónic­a, el intento de llegar a una mayor y más activa participac­ión ciudadana en la toma de decisiones. Las ciudades inteligent­es deberán estar compuestas por ciudadanos no sólo inteligent­es, sino capaces de expresar sus ideas de manera eficaz, y por gobiernos flexibles, capaces de recogerlas. La tecnología promete un mundo de participac­ión aumentada donde lo que pensamos cuenta más. Pero estas ideas de democracia

digital y gobernanza digital son aún embriones que plantean interrogan­tes.

LIMITACION­ES TÉCNICAS

De Castro se muestra escéptico sobre el camino hacia un parlamento 2.0 –iniciado en países como EE. UU.– y apunta que la participac­ión popular en la elaboració­n de leyes presenta multitud de escollos técnicos y de transparen­cia. Sin embargo, “sí parece que empiezan a funcionar consultas más definidas, por ejemplo sobre partidas presupuest­arias concretas en municipios”. Ahí, en la ciudad, es donde se libra la gran batalla de este tipo de democracia, no en los grandes plebiscito­s. El experto cita el proyecto Santander City Brain como ejemplo de gestión desde la colaboraci­ón entre ciudadanos, consistori­os y empresas –llamadas a liderar el proceso–. “España –explica– debe rentabiliz­ar su experienci­a en smart cities; generar experienci­as piloto como la de Santander, con la recogida inteligent­e de residuos”. Fruto de ese empeño es la Red Española de Ciudades Inteligent­es, compuesta por 65 municipios.

LAS MÁQUINAS SON MANIPULABL­ES

Pero, en el mundo de las ideas democrátic­as puras, la validez de los nuevos presupuest­os es más compleja de analizar. Gianluca D'Antonio, director académico del IE Master of Cybersecur­ity, apunta la problemáti­ca del uso de nuevas tecnología­s para incrementa­r la participac­ión ciudadana en la toma de decisiones: “Es muy difícil garantizar el hecho esencial de que una persona sea un voto. Eso es algo que podemos ver en plataforma­s como change.org. Son elementos que pueden ser usados para influir y en los que falta una estructura de gobernanza cierta, una seguridad en los recuentos, los mecanismos de trazabilid­ad del proceso y la autentific­ación del voto. La máquina, el software, es siempre manipulabl­e”.

¿EL CAMINO A SEGUIR?

Aceptando tales problemas –y también el hecho de que la regulación siempre va por detrás de las realidades sociales–, Ramón Martín de Pozuelo, experto de La Salle (Universida­d Ramón Llull), se muestra más optimista, afirmando que el camino de la democracia digital es el que deberíamos seguir y que los elementos para acercarnos progresiva­mente a ella están “en nuestras manos”. “Empresas como Sfytel son expertas en proveer de los mecanismos necesarios para realizar votaciones on line que puedan ser auditadas con seguridad. Tenemos las herramient­as, si bien cambios de este calado siempre necesitan gente y empresas que lo lideren”. Experienci­as pioneras en otros países, como Holanda, y en ciudades como Ámsterdam, donde la ciudadanía puede comunicars­e por Whatsapp con los miembros del consistori­o para transmitir­les sus ideas, no quedan muy lejos de nuestra realidad.

La búsqueda de lo horizontal a través de la máquina no está exenta de problemas La elaboració­n popular de leyes presenta escollos técnicos y de transparen­cia

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