Entre el cielo y la tierra
El lento avance de la Unión Europea en la lucha contra los paraísos fiscales; y el alto riesgo de que Italia siga sufriendo movimientos sísmicos.
LA lucha contra la evasión fiscal exige acabar con los paraísos tributarios donde se esconde el dinero que no paga impuestos. Pero es una tarea muy lenta y difícil, en la que se hacen escasos avances. Otra prueba de ello es que hasta ayer la Unión Europea no logró ponerse de acuerdo para definir los criterios que se utilizarán para determinar los países que formarán parte de la lista negra europea de paraísos fiscales. Pero, además, parece que lo hizo con criterios demasiado laxos, hasta el punto de que, como pretende el Reino Unido, sus paraísos fiscales de las islas de Man, Jersey, Caimán o Bermudas podrían quedar excluidos de esa lista negra. Si así fuera, supondría un enorme escándalo que desacreditaría totalmente la labor iniciada por la UE contra la evasión fiscal.
El ministro de Finanzas eslovaco, Peter Kazimir, que este semestre ejerce la presidencia de turno del Consejo de Ministros de Economía (Ecofin), considera importante, sin embargo, haber logrado establecer los criterios para definir una lista europea común de paraísos fiscales –o más técnicamente, de “jurisdicciones no cooperativas en materia tributaria”–, ya que cada país miembro tiene la suya, así como el proceso de selección de estos y las directrices que deberán ser evaluadas. Kazimir tiene razón en que se trata de la primera vez que se logra un enfoque común sobre esta cuestión, con acuerdo de todos. La prueba de fuego, no obstante, estará en la determinación final de los paraísos fiscales que considera como tales la UE, a la vista de la evaluación que se realice, lo que debe hacerse antes de septiembre del 2017, y las medidas que adoptará frente a ellos.
La lucha contra el lado oscuro del sistema financiero mundial, que se esconde en los paraísos fiscales, exige acciones mucho más contundentes por parte de los gobiernos nacionales. La Unión Europea está obligada a avanzar con mayor determinación en la denuncia contra los países que favorecen y amparan la evasión fiscal, con la consiguiente imposición de sanciones, así como liderar esta lucha en el marco de los organismos supranacionales como el Fondo Monetario Internacional y el G-20.
En el 2018 debería entrar en funcionamiento el llamado acuerdo de Berlín, firmado por más de ochenta países, en el marco del foro internacional por la transparencia, para intercambiar información fiscal de sus ciudadanos. Pero de muy poco servirá si se mantiene el sistema de sociedades pantalla anónimas (offshore), que hace muy difícil identificar a sus titulares reales y las sociedades finalistas en las que se oculta el dinero.
Los ministros de Economía de la Unión Europea, en este sentido, aprobaron ayer una directiva para que las autoridades fiscales nacionales puedan acceder a la información sobre los beneficiarios reales de propiedades que estén en manos de intermediarios. El problema es que dicho acuerdo sólo involucra a los estados miembros, sin incidencia alguna sobre los paraísos fiscales, con lo que tal directiva no deja de ser un acto de puro voluntarismo.
Como hemos dicho en otras ocasiones, el mundo funcionaría mejor y sería más justo si se pusiera coto en serio a los paraísos fiscales. Si así fuera, las grandes fortunas, las multinacionales y los fondos de inversión internacionales pagarían los impuestos que les corresponden en sus países, seríamásdifícilevadircapitales,losbeneficiosdelaeconomía global se repartirían más equitativamente y habría más dinero en los estados para reactivar la economía, crear empleo y financiar las prestaciones sociales, al mismo tiempo que el dinero criminal tendría muchas más dificultades para moverse por el mundo.