El Govern confía en el apoyo de la CUP a los presupuestos
Los cuperos han exigido una partida explícita para el referéndum, pero se descarta gravar las grandes fortunas y subir tramos del IRPF
El Govern cree que el acuerdo para que la CUP apoye los presupuestos del 2017 está al caer. De hecho, el consejo político de los cuperos se posiciona mañana. La CUP ha impuesto una partida explícita para el referéndum, pero renuncia a subidas en tramos del IRPF, recuperar sucesiones y gravar las grandes fortunas. Se estudiará gravar viviendas y barcos de lujo de sociedades.
“Esta vez, los números no les han importando tanto”. La impresión generalizada desde el principio entre los miembros del Gobierno es que el objetivo principal de la CUP en la negociación presupuestaria para el 2017 ha sido apuntalar el referéndum. Y así ha sido. Con el “o referéndum o referéndum” que Carles Puigdemont anunció en el Parlament el 28 de septiembre durante la cuestión de confianza, los anticapitalistas dibujaron una sonrisa. Ahora con el compromiso por parte del Govern de introducir en los presupuestos “partidas explícitas y no explícitas para garantizar la celebración del referéndum y el desarrollo de la fase participativa del proceso constituyente”, la satisfacción es mayor. Y por eso, junto con las medidas fiscales presentadas, el Govern confía en el sí cupero.
Pero la CUP son muchas almas. Y algunas contradicciones. El sector más reticente al acuerdo con JxSí, que antes exigía una partida de ingresos y gastos en los presupuestos sobre el referéndum, al ver su demanda reflejada negro sobre blanco asegura ahora que no era necesario porque están convencidos de que el Govern acatará una posible suspensión del Tribunal Constitucional. En todo caso, incluir una partida para el referéndum era una de las condiciones sine qua non hecha pública por la CUP para permitir la tramitación de las cuentas. La otra, mejorar la progresividad de la carga impositiva. Este segundo imperativo se ha mejorado, pero no ha satisfecho a los anticapitalistas.
No obstante, fuentes de la CUP aseguran que en el consejo político que la formación celebrará en Artés mañana sábado “las cuentas pasan seguro; después ya se matizarán”. A la espera de confirmarse este extremo, hay que tener en cuenta que una cosa es que empiece la tramitación y otra que se aprueben definitivamente las cuentas, quizás hacia enero o febrero del 2017. La CUP ha abordado la negociación con un cierto pánico escénico: “no podíamos cometer el error de volver a presentar otra enmienda a la totalidad y no arrancarlo todo, porque la gente se nos tiraría encima”. Por lo tanto, si finalmente la izquierda alternativa permite la tramitación del presupuesto, lo habrá hecho casi por obligación. Y una vez sometidas las cuentas a debate en comisión, “la CUP dará guerra”.
A diferencia de las negociaciones del 2016, finalmente vetados, las discrepancias entre los dos socios del Govern, el PDECat –entonces CDC– y ERC, no han sido tan evidentes. Además, se han mantenido firmes en sus discursos: Puigdemont y Neus Munté han repetido que el tramo autonómico del IRPF de las rentas más altas no subiría; Oriol Junqueras ha asegurado que el impuesto de sucesiones y donaciones, con una recaudación rondando los 490 millones de euros en el 2015, no se alteraría para volver a niveles del 2008, con una recaudación de 1.000 millones, porque “era una afectación durísima sobre las rentas medias del país”.
Los presupuestos no serán nunca los de la CUP, pero el Govern ha puesto sobre la mesa una propuesta que amplía el gasto social. El aumento con respecto a los actuales presupuestos prorrogados es de 989 millones, de los cuales 407 millones pertenecen en la conselleria de Salut, 391 a Ensenyament y 191 al Departament de Treball.
A pesar de todo, Junts pel Sí y la
CUP evidenciaron ayer mismo sus discrepancias sobre materia fiscal en el pleno del Parlament. El motivo fue una moción impulsada por el PSC en la que se instaba al Govern a presentar un proyecto de reforma fiscal para modificar el tramo autonómico del IRPF e incrementar los tipos a las rentas más altas, y para modificar los impuestos de sucesiones y de patrimonio. Aquí, las alianzas parlamentarias cambiaron radicalmente. Junts pel Sí y el PP unieron sus votos para frenar estos puntos, mientras que la CUP, el PSC y Catalunya Sí que es Pot votaron juntos a favor de este incremento. Ciutadans se abstuvo.
Fue el punto de distanciamiento más significativo entre cuperos y la coalición entre el PDECat y ERC, pero no el único. El grupo mayoritario en la Cámara volvió a aliarse con el PP para rechazar un impuesto sobre alimentos con exceso de azúcar, sodio y grasas saturadas, tal como defendía una moción de Catalunya Sí que es Pot, a la cual la CUP también dio apoyo. En cambio, sí que se aprobó, con la abstención de Junts pel Sí y Ciutadans y los votos favorables del bloque de izquierdas, gravar las bebidas con azúcar.
A las desavenencias en política fiscal siguieron las relativas a la seguridad pública y la gestión de la conselleria d’Interior. Justo en un momento en que la CUP ha puesto bajo la lupa el cuerpo de los Mossos d'Esquadra por haber detenido a la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, los antisistema llevaron una moción al Parlamento en la que cuestionaban la política de la conselleria que dirige Jordi Jané. La diputada anticapitalista Mireia Vehí acusó al titular de Interior de “o no querer un cuerpo policial que respete los derechos humanos o gobernar desde el orgullo”, por no aceptar algunos de los puntos que planteaban en la moción. A pesar de este enfrentamiento, Junts pel Sí y la CUP pactaron 12 de los 18 puntos de la iniciativa.
Economía incluye partidas explícitas para celebrar el referéndum
JxSí y los cuperos se enfrentan por mociones sobre política fiscal y los mossos