Números ligados al referéndum

Después del fiasco del proyecto de presupuestos del 2016, el Govern de la Generalitat condiciona el futuro de la legislatura y, por tanto, la estrategia del “referéndum o referéndum” a la aprobación de las cuentas para el 2017. Después de superar la moción de confianza en septiembre y el pacto en torno a la hoja de ruta en el debate de política general, la CUP somete a votación de su consejo político, mañana, también el acuerdo sobre controles de seguimiento del calendario independentista. El documento remitido a las bases reproduce el acuerdo de la resolución sobre el referéndum aprobada el mes pasado en el Parlament y que prevé convocar antes de acabar el año una comisión de expertos para el seguimiento del proceso de autodeterminación, integrada por personas del ámbito internacional que conozcan procesos similares o juristas expertos en la materia. El objetivo es que ejerzan de “equipo legal”. Su función será emitir dictámenes “contextualizados en la ofensiva judicial del Estado y para ofrecer una visión desde el derecho internacional” de cómo se tienen que implementar todos los pasos hacia la celebración de un referéndum. El acuerdo incluía además una conferencia pública para dar a conocer sus trabajos. Y también se preveía una “cumbre” de todos los partidos defensores del derecho a decidir y una comisión política de seguimiento para el impulso, control y ejecución del referéndum. La CUP detalla a sus afiliados que el referéndum seguirá “los estándares internacionales de la Convención de Venecia”, y su convocatoria estaría vinculada a la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica con la que trabaja el Parlament. “Entre esta aprobación y la celebración del referéndum pasarán muy pocos días”, aunque en el debate de política general se situó la aprobación de la citada ley en julio y el referéndum en septiembre.