La Generalitat tiene 200 pisos protegidos ocupados ilegalmente
La Generalitat tiene en la actualidad 200 pisos de protección oficial ocupados. Se trata de viviendas destinadas a familias vulnerables que no pueden usarlas porque dentro viven sin permiso unos inquilinos. La Conselleria de Governació admite que necesita una orden judicial, como cualquier otro particular, para sacar a estos ocupas y está pendiente de procesos judiciales para poder recuperar dichos inmuebles.
“Recuperar la posesión de los pisos ocupados puede costar entre 4 y 13 meses, y en algunos casos incluso llega a los 23 meses. Los 200 procesos judiciales que tenemos abiertos, además, cuestan dinero, al margen del servicio de vigilancia rotatorio que hemos tenido que contratar en bloques de edificios conflictivos para detectar posibles nuevas ocupaciones”, destacó el secretario de Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, en una entrevista en RAC1.
Los ocupas aprovechan para meterse en los pisos cuando se están haciendo obras de mantenimiento para alojar una nueva familia. “No hay abandono por parte de la propiedad. Es en el momento de rotación de un adjudicatario a otro que entra”, explicó Sala, quien aseguró que todas las familias que tenían que ir a estos inmuebles han sido realojadas.
El parque público de viviendas protegidas para alquiler social de la Generalitat es actualmente de 14.400 y la previsión es aumentar el censo en 260 antes de terminar el año, según Governació. En relación con las que están ocupadas, Sala recalca que “la ley no les permite recuperar los pisos sin una orden judicial”. “Cuando una persona está dentro de casa es difícil que los Mossos pueden acreditar cuántas horas lleva ahí y por lo tanto sin orden judicial no pueden hacer nada”, argumenta.
Precisamente, el Ayuntamiento de Girona está trabajando en un protocolo para actuar en caso de ocupaciones de pisos. La ciudad cuenta con 600 viviendas vacías, la mayoría de ellas, en manos de entidades bancarias y grandes empresas, y muchas (el Consistorio desconoce la cifra) están ocupadas. El nuevo protocolo, que se llevará al pleno de diciembre, pretende forzar a los bancos a conceder alquileres sociales a los ocupas de estas viviendas si están en situación de riesgo de exclusión social. Para ello, será necesario un informe de los Servicios Sociales que acredite que las ocupaciones se han llevado a cabo por necesidad. El protocolo también quiere aclarar cómo se certifica que un piso lleva vacío más de dos años.