La pobreza energética, una urgencia social silenciosa
El AMB destina 11 millones en su programa contra la pobreza energética para garantizar el suministro básico de luz, gas y agua a las familias en situación de vulnerabilidad
La crisis económica ha empeorado la calidad de vida de la población y uno de los indicadores de este deterioro lo encontramos en la denominada
pobreza energética, que refleja un número creciente de personas que no puede mantener su hogar en unas condiciones mínimas de confort y que tampoco puede hacer frente a las facturas de luz, gas y agua. En muchas ocasiones esta es la pobreza más escondida y silenciada por las personas que la sufren, y suele conllevar una pérdida importante de la calidad de vida, una acumulación de deudas y problemas de salud.
En este contexto, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) creyó necesario apoyar a los ayuntamientos metropolitanos para dar respuesta a la problemática y aprobó el Programa metropolitano de medidas contra la pobreza energética con una dotación inicial de cinco millones de euros y, posteriormente, de seis millones de euros más para el periodo 2016-2019, con el objetivo de garantizar el acceso a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad de las personas en situación de vulnerabilidad.
La energía es imprescindible para cocinar, iluminar, calentar las viviendas, conservar alimentos o tener agua caliente. En este sentido, Jaume Collboni, vicepresidente del Área de Desarrollo Social y Económico del AMB, asegura que no poder hacer frente al pago de los suministros energéticos “comporta estar en una situación de vulnerabilidad que tiene consecuencias directas sobre la salud y la igualdad de oportunidades”.
Más allá de parar el golpe y pagar facturas para que las familias no se queden sin suministros, Collboni explica que el programa de ayudas para hacer frente a la pobreza energética del AMB plantea medidas estructurales dirigidas a “estudiar y auditar las patologías de los edificios que permitan mejorar la eficiencia energética y racionalizar el consumo de la energía sin perder calidad de vida”. El dinero de estas ayudas del AMB pertenece al fondo solidario de los propios municipios y se distribuye a cada consistorio teniendo en cuenta dos criterios: el índice de desempleo ponderado por población y la renta bruta familiar disponible por habitante.
CRECIMIENTO INCLUSIVO CONTRA LA POBREZA
En Catalunya, un 19% del total de la población se encontraba, en 2015, en riesgo de pobreza y 645.000 personas –un 10,9%– estaban en situación de pobreza energética. El director del Área de Desarrollo Social y Económico del AMB, Héctor Santcovsky, explica que el programa para hacer frente a la pobreza ener- gética ya ha atendido a 3.828 familias, lo que supone que en el mes de septiembre de 2016 el gasto realizado por el AMB alcanzaba casi los 2 millones de euros, un 17,59% del total de los 11 millones destinados al programa de ayudas.
El programa de ayudas contra la pobreza energética del AMB se enmarca en el plan para reducir la situación de vulnerabilidad que viven las familias en los municipios metropolitanos como consecuencia de la crisis económica, pero la pobreza energética es sólo una parte de la pobreza estructural. El AMB plantea promover un crecimiento inclusivo que abra nuevas líneas económicas colaborativas y sociales, con el objetivo de que haya más empleo y que ese empleo sea de calidad para mejorar las condiciones de vida.
Además del AMB, las distintas administraciones catalanas están afrontando el problema de la pobreza energética, pero la situación creciente del número de familias afectadas ha conllevado que las áreas de Servicios Sociales de los municipios se hayan visto desbordadas por la gestión que supone la elaboración de informes, pagos de facturas y negociación con las suministradoras.
Europa se ha manifestado en diversas ocasiones sobre esta problemática y ha dispuesto a los estados miembros que adopten medidas adecuadas para prohibir los cortes de suministro. En esta misma línea, el Parlamento catalán aprobó por unanimidad la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
I CONGRESO DE POBREZA ENERGÉTICA
“Desde el AMB invertimos 11 millones de euros, y ya hemos ayudado a 3.828 familias en situación de pobreza energética”
Cerca de 450 personas y 95 ponentes nacionales e internacionales participaron en el I Congreso de Pobreza Energética, los días 3 y 4 de noviembre, en Sabadell, para debatir los retos a los que se enfrentan las familias que sufren pobreza energética y las entidades y las administraciones que trabajan para paliar el problema. El congreso puso sobre la mesa el debate sobre las medidas de eficiencia energética, la dificultad en la identificación de los casos de vulnerabilidad, la legislación, la función de las empresas suministradoras y el modelo de políticas públicas para afrontar el problema.
Las conclusiones del encuentro, recogidas en una declaración institucional conjunta, asumen que ante la situación de urgencia social generalizada, se hace necesaria la máxima implicación de todas las administraciones, las entidades y los colectivos sociales para actuar de forma preventiva contra el problema.
De esta forma, y a pesar de que los entes locales son los que, por proximidad a los ciudadanos, han asumido hasta ahora las políticas paliativas de urgencia de tipo asistencialista, el encuentro entre los expertos ha puesto de manifiesto la necesidad de plantear un nuevo modelo energético, y han reclamado al Estado español y a la Generalitat que regulen la protección de los consumidores vulnerables y que obliguen a las compañías suministradoras a garantizar el suministro energético básico a toda la población.