El Ayuntamiento crea una funeraria para competir con el sector privado
El Consistorio quiere construir un nuevo tanatorio público y que se inaugure en el 2019
El día después de constatar su incapacidad para recabar apoyos de la oposición y aprobar los presupuestos del Ayuntamiento por la vía ortodoxa, el gobierno municipal de Barcelona protagonizó ayer un nuevo golpe de efecto, con una fuerte carga ideológica y una discutible eficacia en el terreno práctico. El primer teniente de alcalde, Gerado Pisarello, y el concejal de Presidencia, Eloi Badia, comparecieron ante los medios de comunicación para anunciar la intención del equipo de Ada Colau de crear una empresa funeraria 100% municipal que hará la competencia a los operadores privados que operan en la ciudad. El objetivo, aseguraron, es abaratar los precios de los servicios funerarios en un 30%, una estimación que las empresas del sector, a partir de la experiencia de otras ciudades en las que se ha incrementado el número de operadores, se han apresurado a advertir que resulta “infundada”.
El concejal de Presidencia esbozó el calendario para este proceso de remunicipalización. En primer lugar, habrá que modificar las ordenanzas de servicios funerarios y cementerios, lo que requerirá el apoyo de una mayoría del plenario –algo que cada vez le está resultando más difícil a la alcaldesa Ada Colau– antes del verano del 2017. El segundo paso será la venta, a lo largo del año que viene, de las acciones (el 15%) que el Ayuntamiento conserva en Serveis Funeraris de Barcelona (SFB). Esta participación es la que el Consistorio se reservó tras el proceso de privatización emprendido por los gobiernos socialistas. Es decir, el gobierno de BComú y el PSC –partido que, según Badia, está de acuerdo con esta operación, pero que ayer no compareció en la presentación– privatizará totalmente una empresa que en su día fue pública (ingresando por ello 30 millones de euros), para después –enorme paradoja– entrar en competencia con ella creando una compañía de titularidad pública y construyendo un tanatorio que el gobierno espera abrir en el 2019, año de final de mandato y de elecciones.
Badia no concretó dónde se ubicará este nuevo tanatorio, aunque es muy probable que esté en uno de los cementerios de la ciudad (los camposantos de Barcelona son 100% de propiedad municipal). El concejal dijo que la instalación podría costar entre tres y cuatro millones de euros.
Gerardo Pisarello defendió el argumento principal con el que el gobierno municipal tratará de convencer de la bondad de la medida. Según el número dos del Ayuntamiento, el precio medio de un entierro o funeral en Barcelona se sitúa en 6.441 euros, una cantidad muy superior a la de Madrid (4.700), Valencia (3.100) o Bilbao (3.100). Puestos a comparar lo que sucede en otras ciudades, Pisarello echó la vista a Cuenca (2.261 euros). Basa esta información en un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCUC) que las dos empresas privadas que operan en Barcelona
EL GANCHO El gobierno Colau asegura que con su iniciativa los precios podrían bajar un 30%
LOS OPERADORES ACTUALES Lamentan la falta de diálogo y alertan de que se podría abrir la puerta a empresas pirata
cuestionan y matizan. Juan Jesús Domingo, consejero delegado del grupo Mémora, titular del 85% de SFB, dijo que los datos proporcionados por la OCUC son falsos y “el Ayuntamiento lo sabe”. Recordó que el 70% de las familias barceloneses pagan un seguro que se encarga de los gastos ocasionados por la muerte y que el precio básico es de 2.200 euros. Por su parte, el grupo Áltima señaló en un comunicado que el precio medio de los servicios funerarios en la capital catalana es de 3.441 euros. El directivo de Mémora incidió en el asunto de los precios asegurando que en Barcelona son inferiores a los de otras ciudades del ámbito metropolitano como l’Hospitalet, Terrassa o Badalona.
Otro problema que, según los operadores privados, podría provocar la aparición de una compañía municipal de servicios funerarios es la hiperinflación de salas de velatorio. En la actualidad, coinciden Mémora y Áltima, la ocupación de estas salas es de apenas el 50%. El concejal Eloi Badia no pareció dar ninguna importancia a este hecho y se limitó a responder que es cierto que no hay en la ciudad un problema de falta de oferta, sino más bien de falta de competencia.
Más preocupante podría ser, según los operadores privados del sector, la aparición de empresas que recurren a la picaresca o incluso a las corruptelas para hacer negocio prestando un mal servicio. Abrir salas de velatorio municipales puede provocar la “contaminación del mercado” con la llegada de avispados que, con una mínima infraestructura –poco más que un coche para trasladar al difunto– podrían beneficiarse de la situación, explicó el consejero delegado de Mémora. En algunas ciudades con un sistema de funcionamiento parecido al que se quiere implantar en Barcelona se han detectado casos de trabajadores de hospitales y residencias geriátricas que se apresuran a dar el chivatazo a estos piratas del sector cuando se produce una defunción, explicó a La Vanguardia Juan Jesús Domingo. Mémora lamenta que la decisión del Ayuntamiento de “cambiar las reglas del juego” se haya hecho sin mediar comunicación alguna con las empresas del sector.
La iniciativa municipal ha sido celebrada por la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vila, que hace unos meses alertó de la necesidad de tomar medidas para abaratar los servicios funerarios. Vila destacó, además, que la modificación de las ordenanzas hará que ya no sea exigible a las empresas del sector ser titulares de un tanatorio para poder operar en la ciudad. Considera que así podrá haber una mayor competencia que redundará en la bajada de precios.
El grupo de CiU, por mediación de su concejal Sònia Recasens, se mostró sorprendido de que “los responsables de la privatización total de Serveis Funeraris ahora lleguen a la conclusión de que hay que poner en marcha un nuevo operador público que haga la competencia a los privados”, en referencia al PSC y a ICV (hoy en BComú y cuando se privatizó la empresa, en el gobierno de los socialistas). Aun así, Recasens dijo que su grupo estudiará la operación para ver si puede servir para reducir precios sin perjudicar la calidad del servicio ni abrir la puerta a la entrada de empresas irregulares. Por su parte, el concejal del PP Javier Mulleras denunció la “falsa moral municipal”, ya que hace 30 años que los cementerios municipales no rebajan precios”. En este sentido, recordó que “los cementerios de titularidad municipal acumulan 22,1 millones de euros de beneficios en los últimos 11 años”, lo que deja en evidencia a un gobierno que ya podría haber bajado tasas “por sensibilidad e interés social”.
El Ayuntamiento venderá el 15% que mantiene en Serveis Funeraris a cambio de 30 millones de euros