Condenado el expresidente de la patronal metalúrgica
La Audiencia impone a Antoni Marsal seis años de cárcel
La Audiencia de Barcelona ha condenado a casi 6 años de prisión –5 años y 10 meses– al expresidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), Antoni Marsal, por apropiarse indebidamente de los fondos públicos que recibía la entidad para organizar cursos de formación, entre los años 2007 y 2012. Se le atribuye un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concursos con dos delitos de fraude de subvenciones y otro por apropiación indebida.
El tribunal ha considerado probado que Marsal se adueñó de las subvenciones que recibía la patronal de parte de la Fundación del Metal para la Formación Cualificación y Empleo que se encargaba de canalizar los fondos provenientes del Ministerio de Trabajo. Según la sentencia, el jefe de la patronal “con intención de obtener un beneficio patrimonial” confeccionó las facturas a nombre de sociedades en las que él mismo era administrador y por las que no se prestaba ningún servicio.
Para acometer el fraude, según la sentencia, Marsal se sirvió de la connivencia de un asesor y de transferencias directas sin factura y con meras órdenes verbales que él mismo mandaba realizar a una empresa de la que era administrador único.
En el engranaje defraudatorio participaban también el director general, Ángel Hermosilla, que ha sido condenado a 7 meses de prisión, un asesor, y dos empleadas encargadas de la organización de los cursos y la contabilidad que han sido absueltos. Precisamente, fueran estas empleadas las que en mayo de 2012 presentaron una carta a la junta de la patronal para denunciar las prácticas que llevaban a cabo los responsables de la entidad y que culminó con una auditoría interna y la posterior presentación de una querella que ha dado lugar a la actual sentencia condenatoria.
En el marco de estas prácticas, el director general solicitó al presidente un aumento de sueldo de 20.000 euros que le fue concedido y que se hizo efectivo a través de la mujer del primero, de profesión abogada, y que como autónoma emitió dos facturas de 10.000 euros a la patronal, sin que hubiera prestado servicio alguno. Su salario pasó a ser de 130.000 euros anuales.
El tribunal condena a Marsal a pagar 382.400 euros de multa y una indemnización de 745.045 euros a la UPM, así como a la prohibición de recibir subvenciones públicas. La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, también recrimina la actuación del expresidente y le aplica un agravante en la pena impuesta dado que abusó y se prevalió de su cargo en beneficio propio. “Se ha utilizado un sistema público de ayudas para enriquecerse personalmente, lo que lesiona, además del patrimonio público, la eficacia y buen funcionamiento de las instituciones”, sostienen los jueces.