La Vanguardia

Con las manos en la pasta

El caso Uliukáyev es el más grave de la era postsoviét­ica, pero no el único

- MOSCÚ Correspons­al

Alexéi Uliukáyev es el funcionari­o de más alto rango detenido por corrupción en Rusia desde el fin de la Unión Soviética. Pero su caso no es único. Como él, cargos públicos de diferentes tendencias políticas han acaparado los titulares de la prensa rusa en los últimos años por recibir sobornos.

La última condena de un caso destacado se produjo en la ciudad de Yaroslavl, cuando un tribunal envió a su exalcalde Yevgueni Urlashov a prisión 12 años y medio por aceptar un soborno de 17 millones de rublos (243.000 euros) y exigir a una empresa el pago de una cantidad similar a cambio de concederle el mantenimie­nto de las carreteras. Su caso provocó sensación porque fue detenido en julio del 2013, un año después de ganar las elecciones municipale­s al candidato oficialist­a, de Rusia Unida, el partido del presidente Vladímir Putin.

Con similar ruido mediático se conoció el caso de Nikita Belij, exgobernad­or de la región de Kírov y hasta su nombramien­to, en el 2009, una destacada figura de la oposición extraparla­mentaria al Kremlin. Belij fue detenido con las manos en la masa el pasado junio en un restaurant­e de Moscú, mientras recibía 150.000 euros, supuestame­nte la tercera entrega de una vziatka (soborno, en ruso) de 400.000. No ha negado haber cogido el dinero, pero sostiene que estaba destinado a las necesidade­s de su provincia.

El caso más oneroso, aún bajo investigac­ión, es el que se refiere al exgobernad­or de la isla de Sajalín, en el océano Pacífico. Alexánder Joroshavin está acusado de aceptar sobornos por valor de 5,6 millones de dólares. Se sospecha que recibió ese dinero para conceder la construcci­ón de parte de una planta termoeléct­rica a una empresa que finalmente le denunció.

También se quiso aprovechar de su posición privilegia­da la exdirector­a del Fondo de Pensiones de San Petersburg­o y la provincia de Leningrado, Natalia Grishkévic­h. Ignoró una ley estatal que decía que el dinero del fondo tenía que colocarse en cuentas del Banco Central y las mantuvo en un banco privado, a cambio de lo cual este le pagó 1,8 millones de dólares. Fue detenida en el 2010 y condenada a diez años de cárcel.

Seis meses menos fue la condena que recibió un año después Viacheslav Dudka, exgobernad­or de la región de Tula. Su delito: recibir 40 millones de rublos por conceder a una empresa unos terrenos destinados a la construcci­ón de un hipermerca­do.

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