Reus denunciará a la eléctrica por no informar
El Govern da cinco días a la compañía para que informe sobre el proceso que siguió para cortar la luz a la anciana que falleció en el incendio originado por una vela
Desde hacía dos meses, Rosa P.V. tenía que encender velas para iluminar su casa. La compañía eléctrica le cortó el suministro por impago. La madrugada del martes, la vela que Rosa, de 81 años, tenía en su habitación, prendió el colchón y originó un incendio. La anciana murió por inhalación de humo. La familia recibía atención de los servicios sociales de Reus desde el 2013, pero el Ayuntamiento no tenía constancia del corte de luz. Ayer, el alcalde de Reus, Carles Pellicer, anunció que denunciará ante Fiscalía a Gas Natural por no haber informado a los servicios sociales el corte del suministro eléctrico, tal y como prevé la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la pobreza energética, que obliga a notificar el primer impago al cliente y también al Consistorio para que pueda evaluar la situación antes de cortar el servicio. La Generalitat también anunció que impulsará un expediente sancionador contra Gas Natural si se demuestra que no avisó al Consistorio.
“El compromiso del Ayuntamiento en la lucha contra la pobreza energética es absoluto, y la contundencia del gobierno de Reus también será clara y absoluta”, afirmó el alcalde, quien aseguró que trasladará a la Fiscalía toda la información y pruebas “que demuestren que el procedimiento de la compañía no ha sido ajustado a la ley; no vamos a permitir actuaciones irregulares que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos”. El alcalde instó a las compañías de luz y gas a “ponerse las pilas” porque es “urgente” que se adhieran a los mecanismos impulsados por la Generalitat y Ayuntamientos para combatir la pobreza energética.
Según la compañía, el “desarrollo reglamentario” de la normativa “está por definir” y ayer, en un comunicado, informó de que dispone de un “canal exclusivo de gestión” con los servicios sociales municipales para atender conjuntamente los casos de vulnerabilidad. En Reus, según Gas Natural, 150 clientes han sido atendidos a través de este canal desde el 2014 (6 el primer año, 56 durante el 2015 y 88 en el 2016). El comunicado añade que “en las relaciones de clientes vulnerables que el Ayuntamiento ha comunicado, no figuraba esta clienta –la anciana fallecida– y no se disponía de la información relativa a su situación de vulnerabilidad”.
La concejal de Benestar Social, Montserrat Vilella, aseguró que “la compañía no ha informado ni de este ni de ningún otro caso”. Vilella defendió la ley como un instrumento eficaz “cuando se cumplen los protocolos” y puso como ejemplo que desde el primer trimestre del 2016, la fallecida tenía una bonificación de la empresa municipal Aigües de Reus, no porque lo hubiera solicitado, sino porque tras el primer impago se estudió el caso y se actuó. La concejal ha pedido que se mejoren los protocolos, ya que, de todas las compañías comercializadoras de electricidad, sólo tres han proporcionado listados de personas “y de forma muy irregular”. Según consta al Ayuntamiento, la anciana vivía con su nieta, que no estaba la noche del incendio, y una trabajadora social visitaba a la familia. La última vez fue el pasado 3 de noviembre, “pero no pudieron contactar con ella”, dijo Vilella, quien no quiso dar más datos sobre la difícil y problemática situación de la familia.
La Agència Catalana de l’Energia ha abierto un expediente informativo y el conseller Jordi Baiget anunció que la Generalitat impulsará un expediente sancionador contra Gas Natural “si se demuestra que no aplicó correctamente los protocolos” y ha dado a la empresa un plazo de cinco días para que aporte “información” sobre el procedimiento que siguió antes de cortar la luz. Según el conseller, la ley prevé sanciones de hasta 100.000 euros. Hasta ahora la Generalitat ha recibido 195 denuncias y ha notificado 18 sanciones de 10.000 euros. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó que “si la comunicación de la empresa se hubiera producido, hoy no estaríamos lamentando una muerte” y calificó lo ocurrido como “un error gravísimo con consecuencias fatales”. Puigdemont reivindicó que sea la administración responsable la que decida el corte del suministro, “que es lo que el Tribunal Constitucional no nos deja hacer”.
Según la empresa, el Ayuntamiento, que atendía a la familia desde el 2013, no informó de su situación de vulnerabilidad