Una nueva gestión
Desde que empezó la crisis, el sector de la construcción, que incluye la obra pública, ha perdido, sólo en Catalunya, 250.000 puestos de trabajo directos y el 54% de las empresas. Desde la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) creemos que cualquier impulso sectorial en la obra pública, que es un sector estratégico para la economía catalana como proveedor de infraestructuras y equipamientos esenciales, se tiene que efectuar de acuerdo con un nuevo modelo de gestión.
La obra pública es inversión económica y social. Construir un hospital, un jardín de infancia, una escuela o una residencia de ancianos... es inversión en bienestar. Por cada millón de euros invertido en el sector, se crean por término medio 25 puestos de trabajo, que pueden llegar a los 55 en obras de rehabilitación. Asimismo, construir el corredor mediterráneo ferroviario o una depuradora, por ejemplo, además de los mencionados beneficios en cuanto a empleo, también proporcionan competitividad en las empresas y mejoras en el medio ambiente.
Para proveer estas infraestructuras necesarias hace falta que la licitación oficial de obras sea estable y sostenida en el tiempo, evitando los grandes picos y bajadas de los últimos años (una caída del 87% entre el 2008 y el 2015). Desde la CCOC proponemos que se relacione con un porcentaje del PIB catalán que, teniendo en cuenta los países europeos de referencia, podríamos situar en torno al 2,2-2,3%, es decir, entre 4.750 y 5.000 millones de euros el año en Catalunya. Al mismo tiempo, hay que planificar las infraestructuras básicas a 10-15 años vista con criterios técnicos, de forma que, gracias a un ritmo regular de licitación, con independencia de los ciclos electorales, se favorezca un crecimiento sostenido del sector y de las empresas y la creación de empleo estable y de calidad.
El cambio también supone revisar el sistema de licitaciones para simplificar los procedimientos de contratación del sector público y evitar la dispersión de criterios entre las diferentes administraciones. Sin embargo, sobre todo, hace falta eludir las ofertas temerarias que suponen altos riesgos, tanto por parte de los licitadores como de las empresas, estableciendo mecanismos que permitan determinar cuál es la propuesta más ventajosa, es decir, la mejor relación calidad precio.
El proceso de cambio se tiene que completar creando un consejo asesor de las Infraestructuras formado por diez expertos de reconocida trayectoria y prestigio, embrión de la futura Agència d’Infraestructures de Catalunya, en la que estén representadas la sociedad civil y las administraciones, que tenga como objetivo, entre otros, seleccionar, evaluar y priorizar las actuaciones según su retorno económico, social y ambiental.
Con la suma de voluntades y esfuerzos alcanzaremos este cambio tan necesario e inaplazable para el país.
La obra pública es inversión económica y social