El juez concluye que el PSC de Tarragona utilizó Inipro para financiar su campaña

El juez es implacable: “La empresa Inipro fue el instrumento utilizado por el PSC para que personas determinadas (afiliados o simpatizantes) realizasen de forma remunerada actividades de naturaleza política a cargo de los presupuestos municipales”. El magistrado investiga las irregularidades en la contratación (entre el 2010 y el 2012) de esta empresa por parte del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) y sitúa en el centro de la trama a Gustavo Cuadrado, exjefe de gabinete del alcalde. Además cita a declarar como investigada a la concejal Begoña Floria y, a título lucrativo, al PSC delimitando su responsabilidad, “hasta el importe de la cantidad desembolsada para sufragar el contrato adjudicado a Inipro, esto es 337.168,97 euros”.

En juez decretó ayer el levantamiento del secreto de sumario de una pieza separada del caso, que se basa en la información que contenía un disco duro con mensajes de correo electrónico de Antonio Muñoz, exgerente del IMSST, también investigado. En el caso Inipro, el juez investiga las presuntas irregularidades, tanto en el proceso de contratación de esta empresa (afín al PSC), que debía potenciar la integración de ciudadanos inmigrantes, como en la prolongación del contrato durante casi dos años. En el transcurso de este tiempo, el alcalde, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), firmó facturas (más de 200.000 euros en total) con hasta siete advertencias de ilegalidad. El juez investiga a Ballesteros y a otras once personas por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y alteración en subastas públicas.

En el auto, el juez mantiene que no se seleccionó Inipro, por ser la empresa que presentaba la oferta más ventajosa: “Al contrario, sospecho que el proceso debió ser a la inversa: ante la necesidad de contratar a determinadas personas cercanas al partido, se buscó una sociedad, dándole la apariencia de una contratación pública”, señala.

Según el juez, nueve meses antes de que se invitara a Inipro a participar en el proceso de contratación, Gustavo Cuadrado puso en contacto al gerente de la empresa, Ricard Campàs (fallecido el mes pasado), con el gerente del IMSST. El juez destaca “la monitorización de todo el procedimiento de Gustavo Cuadrado, alguien muy alejado, en cuanto a sus competencias, a las cuestiones relativas a la inmigración y ciudadanía”. Cuadrado dimitió de su cargo, el mismo día que se llevó a cabo la detención y registro del domicilio de Antonio Muñoz.

De entre los mensajes que se cruzaron los investigados, el magistrado destaca uno en que Floria informa de que “hemos puesto en marcha un equipo de ciberacción” y que su actividad es retribuida. Los integrantes de este grupo estaban contratados por Inipro. “Miramos la prensa, felicitamos cumples, hicimos comentarios, movimos temas por la red para ir creando tensión y tendencia hacia las generales”, escribió una de las investigadas. En otro mensaje, Cuadrado recrimina al grupo la forma en la que llevan a cabo el trabajo: “Debéis empezar con el tema vídeos y cartas al director... Cada día hacer un par y conseguir firmas”. El Ayuntamiento hizo público un escueto comunicado en el que manifiesta su “confianza y colaboración total con la justicia” y Begoña Floria afirmó sentirse “totalmente sorprendida pero muy tranquila porque no hay ninguna vinculación entre mi actividad en el partido con el caso Inipro o en ningún otro caso”.

El magistrado cita como investigada a la concejal Begoña Floria, que impulsó un grupo de ciberactivistas