Govern y eléctrica chocan por el protocolo de pobreza energética
El caso de Rosa, la anciana fallecida por el incendio que causó en su domicilio de Reus una vela que sustituía al suministro eléctrico que le fue cortado por la compañía Gas Natural, ha destapado una discrepancia en la interpretación del protocolo de actuación previsto por la ley catalana de pobreza energética. Generalitat y compañía eléctrica llevan más de un año discutiendo sobre este protocolo que prevé que las empresas suministradoras deben comunicar a los Ayuntamientos los cortes de energía por impagos y, si los consistorios no responden en el plazo establecido, se considera que la familia afectada es vulnerable y no se debe proceder a la interrupción del servicio. Las empreses eléctricas consideran que este protocolo no ha sido validado legalmente a través de un decreto, rechazan que se prevea el mencionado sistema de silencio administrativo negativo y piden que se obligue a los ayuntamientos a pronunciarse sobre la vulnerabilidad de las familias.
En cambio, el conseller de Empresa i Coneixement de la Generalitat, Jordi Baiget, aseguró ayer que la ley de pobreza energética “es suficientemente clara y no requiere de ningún reglamento adicional”.
Mientras no se aclara esta discrepancia legal, Gas Natural ha establecido un control más exhaustivo de los cortes de suministro programados para intentar averiguar si las familias afectadas están en una situación de vulnerabilidad y advertirá de ello a los ayuntamientos que no lo hayan detectado a través de sus servicios sociales.
Por otra parte, la compañía dispone de cinco días para responder al requerimiento informativo solicitado por la Generalitat sobre el caso de la fallecida en Reus.
Gas Natural ha reforzado los controles antes de proceder a nuevos cortes eléctricos