Luz verde al 0,6% de déficit, pese al no de Catalunya, Valencia y Baleares
Las comunidades, preocupadas por las transferencias que recibirán el próximo año
APOYOS Sólo las comunidades gobernadas por el PP y Canarias votaron a favor del acuerdo
AVAL TÁCITO Andalucía, Extremadura, Aragón, y Asturias, entre otras, se abstuvieron
El acuerdo entre el Gobierno y el PSOE rebajó ayer el clima de enfrentamiento que había presidido en los últimos tiempos las relaciones entre las comunidades autónomas y Hacienda, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF). En esta primera reunión presidida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto a Cristóbal Montoro, recibió el visto bueno de la nueva senda de déficit para el 2017-2019 gracias a seis votos a favor de otras tantas comunidades (las cinco gobernadas por el PP y Canarias), seis abstenciones (Andalucía, Extremadura, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria) y los votos en contra de Catalunya, Comunitat Valenciana y Baleares. “Se ha hecho un esfuerzo pero en nuestro caso está muy lejos de la situación límite en la que nos encontramos”, se quejó anoche el consejero valenciano, Vicent Soler.
Así, las cuentas de las autonomías deberán ceñirse a un déficit común que en el 2017 será finalmente del 0,6% del PIB –una décima más de lo previsto inicialmente–, aunque sin llegar al 0,7% reclamado sobre todo por los territorios gobernados por los socialistas. Al actualizar de manera oficial el desfase entre el gasto y los ingresos de las comunidades para el año en curso en un 0,7%, las maltrechas cuentas de las autonomías deberán hacer frente a un nuevo ajuste el próximo año, 2017, de 1.000 millones de euros más. Además, el objetivo de déficit en el 2018 pasa al 0,3% y se queda en el 0% en el 2019, último año del acuerdo.
Aunque el ministro Montoro y la mayoría de los consejeros de Hacienda destacaron “el buen tono” del encuentro, los representantes de los gobiernos autonómicos se quejaron de que este reparto del esfuerzo en la reducción del déficit para cumplir con los objetivos de Bruselas tendría que estar acompañado de información actualizada sobre qué adelantos recibirán a cuenta del Estado por lo recaudado vía impuestos en el 2017. “Sin esos datos, no se pueden hacer unos premayoría supuestos con rigor para el próximo año”, se quejó el consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz. Montoro insistió ayer en que no habrá cifras sobre las transferencias que realizarán a las comunidades hasta que se aprueben los presupuestos del 2017.
Con el acuerdo sobre el techo de gasto y los objetivos de déficit -que deben recibir ahora el apoyo de la del Parlamento- se ponen en marcha los mecanismo para tener unas nuevas cuentas. Hasta aquí, llega en principio el entendimiento con el principal partido de la oposición. Sin embargo, la falta de una previsión de ingresos procedentes del Estado, vital para las autonomías, vuelve a meter presión sobre el grupo socialista en la negociación de los nuevos presupuestos generales del Estado.
Por lo que respecta a las reiteradas quejas sobre el actual modelo de financiación autonómica, Sáenz de Santamaría aseguró que su esperada revisión formará parte de la agenda de la Conferencia de Presidentes convocado para el próximo mes de enero. La inmensa mayoría de las comunidades autónomas reiteraron las discrepancias sobre el reparto de los
recursos públicos, al tiempo que se quejaron de que el principal esfuerzo en la reducción del gasto corresponde precisamente a las administraciones que sustentan los servicios públicos. “Se están infrafinanciando la sanidad, educación, los servicios sociales y eso no se soluciona con un décima más de déficit”, señalaron al final de la reunión con el Gobierno los consejeros.
Según los últimos datos de Hacienda, hasta el mes de septiembre Cantabria y Murcia ya superan la meta del 0,7%, fijada para todo el año. A final de este 2016, Catalunya y Comunitat Valenciana prevén cerrar el ejercicio por encima del 1%. Mientras, la Administración Central trata de atajar su desfase presupuestario –1,94% del PIB hasta octubre– con los cambios en el pago del impuesto de sociedades.