Irlanda compensa con 30.000 euros a una mujer que viajó para abortar
El Gobierno irlandés ha ofrecido una compensación de 30.000 euros a una embarazada que viajó al Reino Unido para abortar porque la estricta legislación de este país no se lo permitía. Amanda Mellet estaba en la vigésima primera semana de gestación cuando se desplazó en el 2011 al país vecino para terminar su embarazo, ya que el feto presentaba anomalías congénitas y moriría en el útero o poco después de nacer.
Tras analizar el caso, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictó el pasado junio que la ley del aborto irlandesa sometió a la embarazada a un “trato discriminatorio y cruel, inhumano y degradante”, por lo que consideró que el Gobierno de Dublín debía compensar a Mellet, quien sólo pudo permitirse permanecer 12 horas en el Reino Unido para abortar por carecer de recursos económicos.
El ministro irlandés de Sanidad, Simon Harris, se reunió con la pareja para ofrecerles 30.000 euros y se comprometió a poner a disposición de Mellet “todos los servicios psicológicos apropiados”. No obstante, organizaciones humanitarias han denunciado que esta ley continúa siendo una de las más restrictivas del mundo pues prohíbe el aborto en casos de violaciones, incestos y anomalías fetales, que está castigado con penas de cárcel de hasta 14 años para las mujeres y los profesionales de la sanidad que lo procuran.
El titular de Sanidad ha recalcado que un artículo de la Constitución irlandesa protege los derechos de los “no nacidos”, lo que impide modificar la legislación vigente y sólo puede eliminarse si así lo decide la mayoría del electorado en una consulta popular, que levantaría fuertes emociones en un país profundamente católico.
Según cifras oficiales, hasta 3.451 mujeres embarazadas que residen en Irlanda viajaron en el 2015 al Reino Unido para someterse a un aborto.