Choque entre eléctricas y Ayuntamiento por la pobreza energética
El Consistorio barcelonés considera una “falta de respeto a la ciudadanía y al Parlament” el recurso interpuesto por Unesa
La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha presentado un recurso contenciosoadministrativo contra la instrucción sobre pobreza energética del Ayuntamiento de Barcelona, que, entre otras medidas, fija sanciones a las empresas que no informen mensualmente al Consistorio de los casos de impago para facilitar que los servicios sociales puedan actuar si es necesario. La orden municipal, que entró en vigor el pasado julio, desarrolla la aplicación de la ley 24/2015 de Pobreza Energética.
“El motivo del recurso es que la instrucción se basa en la legislación autonómica catalana sobre clientes vulnerables cuando la doctrina del Tribunal Constitucional establecida en recientes sentencias dice que las comunidades autónomas no tienen las competencias para regular en estos casos, sino el Estado”, indicaron fuentes de Unesa.
“Este recurso es una falta de respeto a la ciudadanía y al Parlament, que impulsaron la ley de pobreza energética para proteger el derecho fundamental a los suministros básicos de las personas”, manifestó ayer la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz. La instrucción que ha recurrido Unesa prevé una serie de mecanismos y de sanciones para que las empresas suministradoras cumplan las obligaciones derivadas de la citada ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
Este instrumento jurídico establece que las empresas deben informar a sus clientes de los derechos citados en tal ley “en cualquier aviso que haga referencia al impago del servicio, así como incluir información sobre tarifas sociales u otro tipos de ayudas”. Asimismo, determinan el establecimiento de un protocolo de comunicación por el cual las compañías deben notificar mensualmente al Ayuntamiento los casos de impago y pedir a los servicios sociales un informe antes de proceder a cortar el suministro para poder determinar si se trata de una persona vulnerable.
Por otra parte, ayer municipios del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) pidieron más colaboración a la Generalitat para luchar contra la pobreza energética teniendo en cuenta que desde el 2015 han invertido casi dos millones de euros. Los ayuntamientos, que se reunieron en Santa Coloma de Gramenet para reorientar sus políticas a raíz de la muerte en Reus de una anciana que se iluminaba con una vela, reclaman desplegar la ley 24/ 2015 con protocolos estandarizados y piden que la Generalitat firme los convenios con las empresas para que condonen las deudas de las familias que no pueden pagar la luz.
Unesa alega que el Constitucional fija que Catalunya no tiene competencias para regular estos casos