El Gobierno se compromete a aumentar la partida para dependencia
En el décimo aniversario de la ley, más de 350.000 personas esperan aún asistencia
Objetivo de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat: fortalecer el sistema de dependencia, nacido de una ley que este mes cumple su décimo aniversario con puntos a favor pero también muchos en contra. Entre ellos, los más de 125.000 dependientes que han muerto esperando recibir los servicios comprometidos y los más de 350.000 que, pese a tener reconocida la asistencia, aún no la perciben. Una ley que nació con las mejores de las intenciones: garantizar los cuidados a quienes tienen problemas para desempeñar su día a día, pero sin la suficiente dotación presupuestaria. Esta carencia se agravó de manera escandalosa durante los años de la crisis.
Nadie, ni el Ministerio de Sanidad, ni los grupos parlamentarios, ni las organizaciones de dependientes cree necesario modificar un texto impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero llamado a hacer realidad el cuarto pilar del estado de bienestar, aunque sí a impulsarlo desde todos los puntos de vista, sobre todo, el económico. Ciudadanos recuerda que el PP se ha comprometido a aportar más de 1.600 millones de esta legislatura, cantidad que las comunidades ya avisan que es “claramente” insuficiente.
La ministra Montserrat asegura que uno de sus objetivos es garantizar la transparencia del sistema de dependencia, algo más que necesario desde el punto de vista de la financiación. Porque mientras las comunidades (en general y al margen de partidos) denuncian una reducción más que destacada de la parte comprometida por el Estado, el Gobierno asegura que ha transferido a las autonomías lo que le corresponde pero a través de la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. La ley de dependencia establece que cada administración debe aportar el 50%; en la actualidad, las comunidades ponen una media del 80%, y el Estado, el resto.
Sea como fuere, la realidad es que los servicios son claramente insuficientes para angustia de los miles de dependientes que sus expectativas (comprometidas por ley) no se han cumplido, tal y como denuncia el Comité español de representantes de personas con discapacidad (Cermi).
Tras diez años de su entrada en vigor, todos los agentes implicados coinciden en la necesidad de impulsar y robustecer un sistema claramente debilitado, indican las asociaciones. ¿Cómo? La ministra de Sanidad y Servicios Sociales asegura que es el momento de aunar esfuerzos y alcanzar un pacto por los servicios sociales, que asegure los derechos sociales de los dependientes.
De ese gran pacto debería servir de base para una ley básica que garantice el acceso a los servicios sociales en todo el territorio. A estas alturas del siglo XXI y con casi tres millones de discapacitados y un 25% de población con algún tipo de limitación en su actividad diaria (INE, 2015), España no cuenta con una norma que defina y desarrolle los servicios sociales. Ese vacío lo están llenando algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Canarias o Cantabria. La nueva norma contemplará la creación de una tarjeta social, similar a la tarjeta sanitaria, que facilitará el acceso a los servicios y agilizará los trámites.
Desde las asociaciones de dependientes se pide celeridad a la hora de impulsar el sistema de dependencia y los servicios sociales porque miles de personas dependen de ello. El diagnóstico es claro y el acuerdo, posible. Faltan los hechos, señalan.