El Gobierno se plantea un gesto con la lengua catalana
La reforma de la Constitución podría incluir el reconocimiento de la identidad cultural de Catalunya Rajoy se da un plazo de seis meses para comprobar si la distensión con la Generalitat es posible
La reforma de la Constitución será ineludible, aunque no será inmediata. Y llegado el caso, el Gobierno que preside Mariano Rajoy podría estar dispuesto a hacer un reconocimiento expreso de la identidad cultural de Catalunya y del catalán, como fórmula para satisfacer alguna de las aspiraciones de los catalanes, junto a la mejora de la financiación. No es un debate inmediato. La reforma constitucional no está entre las prioridades del Gobierno del PP y antes de llegar a ese punto tendría que haber signos de distensión en la relación entre la Generalitat y el Gobierno central. El Ejecutivo popular está dispuesto a avanzar en esa línea y confía en que la apuesta por el diálogo tenga su reciprocidad desde el Palau de la Generalitat.
El Gobierno y el Partido Popular asumen que , tarde o temprano, esta legislatura, se tendrán que sentar a hablar de cambios en la Constitución española. Y si no abordar la reforma, al menos debatir sobre la misma. Es una condición del acuerdo de investidura con Ciudadanos y lo reclamará pronto el PSOE, con la solicitud de creación de una subcomisión que inicie los trabajos para esa reforma. Sin embargo, Mariano Rajoy no desea que ese debate sea inmediato, y hasta ahora sólo En Comú Podem lo había planteado.
Lo que el Ejecutivo del PP trasladará a quienes la planteen es que en una legislatura tan difícil y que acaba de echar a andar, el Parlamento debería abordar primero otros acuerdos, para constatar si es posible seguir avanzando. El pacto educativo que sustituya a la Lomce, cuyas bases se han puesto en marcha; o el inicio de los trabajos en el seno del Pacto de Toledo para la sostenibilidad de las pensiones, o la reforma de la Ley electoral, serían acuerdos que, a juicio del Ejecutivo, podrían dar una amplia visión sobre si la reforma constitucional sería o no posible.
Una reforma en la que el Gobierno –aseguran– en ningún caso tomará la iniciativa, aunque cuando lo pida un partido abrirá conversaciones para ver las intenciones de cada uno de los grupos. El Gobierno intentará imponer calma y prudencia, de forma que antes de abrirse el melón haya un acuerdo previo sobre los límites de las modificaciones que afrontar y no suponga una revisión integral del pacto constitucional de hace más de tres décadas.
Eso exige un acuerdo previo en el que los populares creen que deben estar los partidos constitucionalistas –PP, PSOE y Ciudadanos– y luego, “si sirve para que se incorporen los partidos nacionalistas”, mejor.
Esa reforma, según las fuentes consultadas, debería servir para dar una solución a la cuestión catalana, aunque de manera que no supusiera que, a continuación, hubiera un rosario de peticiones de otras comunidades, como ocurrió tras la reforma del Estatut de Catalunya.
La unidad de España y la soberanía nacional son condiciones irrenunciables del Gobierno y del PP para que una reforma de ese calado llegue a buen puerto, pero también son conscientes de que deberán hacer algún tipo de gesto que complazca a Catalunya para evitar que sea una operación estéril.
A juicio de los populares, las vías podrían ser las señaladas: la financiación autonómica, mejorándola de forma significativa, pero también se contempla en el Gobierno la posibilidad de hacer un reconocimiento a la identidad cultural de Catalunya, e incluir en el texto constitucional una referencia expresa y de garantía de la lengua catalana que podría tranquilizar la sensación existente en Catalunya de que su idioma está amenazado.
Pero hasta llegar ahí, dicen en el Gobierno y en el PP, queda mucho camino por andar. Primero, sostienen, hay que restablecer los puentes rotos, y para eso, el Ejecutivo de Mariano Rajoy espera gestos de distensión por parte de la Generalitat, que deberían suponer una renuncia al referéndum de independencia.
Eso lleva tiempo, dicen en el Gobierno, aunque consideran un primer paso el hecho de que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, haya acudido a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves. La presencia de Carles Puigdemont en la Conferencia de Presidentes de enero sería muy bienvenida.
En esta línea, el Ejecutivo considera que el Gobierno también está lanzando mensajes de distensión. La inclusión de una partida en los presupuestos de la Generalitat para la celebración de un referéndum no ha provocado una reacción de enfrentamiento por parte del Gobierno, sino que se tratará de buscar fórmulas que eviten que esta nueva medida acabe en el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo del PP se da de plazo hasta el verano para ver si esa distensión es posible.
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