Pensiones, hijos y desigualdad
El problema de nuestro sistema público de pensiones vuelve a la actualidad. Ahora, a causa de la desaparición del fondo de reserva, que permite cubrir el déficit de sus cuentas. Lo escandaloso del caso es que esta previsión se conoce desde el 2005, cuando el Gobierno presentó a la Comisión Europea los datos, que calculaban su agotamiento a partir del 2020. Lo único que ha sucedido es que la crisis ha adelantado la fecha tres años, pero hace una década que los partidos políticos, los medios de opinión y las instituciones de la sociedad lo sabían, sin que nadie se haya sentido urgido a promover la reforma necesaria. Naturalmente, a más tiempo transcurrido peor es la solución, como lo señala la última adoptada: aumentar las prestaciones un 0,25% anual, un abuso inaceptable, cuando al mismo tiempo se promueve alcanzar el 2% como objetivo deseable de inflación. Así, la pobreza de muchos jubilados está asegurada.
En este debate hay dos temas cruciales desaparecidos. Uno es la desigualdad generada por el retroceso de los salarios. De acuerdo con los datos del INE, las rentas de trabajo pierden peso en el reparto de la riqueza mientras aumentan las de capital y los excedentes empresariales. Los salarios sólo representaron en el 2013 el 46,7% del PIB. Es la cifra más baja de la serie reconstruida por aquel Instituto. Por su parte los excedentes empresariales y de capital constituyen el 43,7% del PIB, el porcentaje más elevado desde 1996, sin que se haya modificado su aportación a los ingresos del Estado. Así, la distancia entre rentas salariales y empresariales y de capital se reduce a sólo tres puntos. Cuando empezó la crisis en el 2008 las rentas del trabajo (50,1%) aventajaban en 8,4 puntos a las procedentes de los excedentes y mobiliarias (41,7). El resultado es que a menos salarios también se generan menores ingresos para la Seguridad Social.
Otra variable, esta decisiva a largo plazo, es decir aquello que será el presente trascurrido un cierto tiempo, es la natalidad. Sin hijos hoy no hay pensiones. Eso lo sabe cualquiera y toda Europa obra en consecuencia, pero España también es diferente en esto y lo ignora. Porque favorecer las condiciones que hacen posible la descendencia, la paternidad y maternidad, y la consiguiente estabilidad matrimonial, no es políticamente correcto: lo impide la perspectiva de género y la visión de vuelo gallináceo de nuestros gobiernos.