Cristiano Ronaldo y la justicia igualitaria
Uno de los aspectos más llamativos del fraude fiscal atribuido a Cristiano Ronaldo es que un juez de Madrid haya intentado evitar que se difundiera la información relativa al caso. Es verdad que Hacienda tiene un deber de discreción y que lo mismo o parecido cabría decir de la Fiscalía y la Abogacía del Estado si llegan a intervenir en el asunto, porque de la reclamación económica se pasa a un proceso penal. Pero resulta más complicado pretender que los medios de comunicación guarden silencio si reciben información veraz sobre un caso de fraude fiscal que afecte a políticos o deportistas que no sólo tienen relevancia pública, sino que también suelen apelar a su labor profesional como vinculada a una especial obligación de ejemplaridad.
Ciertamente, una prueba viciada, como unas escuchas ilegales, pueden dar por tierra la validez de toda una investigación. Con carácter general, el ciudadano debe estar protegido contra cualquier tentación de abuso de poder. Pero en el caso de Cristiano Ronaldo no estamos hablando de eso, sino de un supuesto ataque informático a la firma Senn Ferrero Asociados, que habría asesorado al delantero madridista y a otros conocidos jugadores en materia fiscal.
No hay duda de que aquí se plantea un problema ético importante. Cabe debatir hasta qué punto es moralmente justificable difundir una información obtenida no ya de forma ilícita, sino presuntamente delictiva. En este caso concreto, Senn Ferrero le pidió al juez que impidiera la difusión de datos sobre el presunto engaño a Hacienda. El magistrado se encontró, por tanto, ante una solicitud concreta y razonada, y su obligación era darle una respuesta. La pregunta, en este sentido, no es tanto si dicha prohibición tiene base legal, sino si resulta realista, y si el silencio de los medios de comunicación resulta exigible. Y me temo que no. Los ataques informáticos sí deben ser perseguidos, pero la teoría del árbol envenenado –que sirve para echar por tierra un proceso cuando nace de una prueba ilegal– difícilmente puede aplicarse a los medios de comunicación cuando difunden una información veraz y de interés público. En el caso de los supuestos trapicheos de Ronaldo, ese interés público resulta evidente. Sólo cabe esperar que los organismos e instituciones llamados a intervenir en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades eviten que pueda hablarse de cualquier atisbo de agravio comparativo en relación con el trato dado a otros jugadores que el pasado sábado también estuvieron sobre el césped en el ya célebre clásico.