El juez da tiempo a la R-2 para evitar su liquidación
Aplazada seis meses la junta de acreedores de la autopista
Otra autopista en quiebra, la R-2, gana tiempo con el objetivo de evitar su liquidación. El juzgado mercantil número 10 de Madrid, a petición de la concesionaria Henarsa y el Ministerio de Fomento, ha aplazado seis meses la junta de acreedores, inicialmente convocada para el 13 de diciembre, según informaron a Europa Press fuentes del sector. Lo ha hecho para resolver los recursos contra las propuestas de convenio presentadas, lo que, de facto, da oxígeno al Gobierno para acordar su plan de rescate en bloque de las ocho concesiones en quiebra.
Esta moratoria se aplica después de que distintos juzgados hayan dictado la liquidación de la AP36 la Ocaña-La Roda, la M-12 Eje Aeropuerto de Madrid, las radiales R-3 y R-5 de Madrid y la AP-7 en el tramo de circunvalación de Alicante. En todas ellas, el Ministerio de Fomento ha presentado recursos para ganar tiempo y evitar el inicio de la fase de liquidación, que supondría el pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), una compensación millonaria que el Gobierno trata por todos los medios de que no se active. La patronal Seopan estima que el erario público debería abonar por este concepto unos 5.500 millones de euros en total para las ocho concesiones.
En el caso de las radiales R-3 y R-5 (Accesos de Madrid) y la circunvalación de Alicante (Ciralsa), el juez decretó que no cabía suspensión, lo que obligaba a poner los activos en manos del Estado el pasado 1 de octubre. Finalmente, el magistrado decidió dar más tiempo para que el traspaso pudiese hacerse de manera ordenada. En un próximo auto fijará la fecha, aunque Fomento se comprometió a asumirlas como muy tarde el 1 de julio de 2017.
El ministro Íñigo de la Serna quiere reactivar el plan diseñado en la etapa de Ana Pastor que prevé solventar la situación de las ocho concesiones. Y ya ha iniciado contactos con la banca. Consiste en refinanciar la deuda, de 3.400 millones, con una quita del 50% y pasando las vías a la empresa pública Seittsa. El pasivo restante se titulizaría en un bono a 30 años remunerado al 1%. Los acreedores extranjeros se han opuesto a esta solución. Que gran parte de la deuda se haya vendido a fondos buitre dificulta la operación.
La decisión da oxígeno a Fomento en su negociación del plan para rescatar las vías en quiebra