May reclama a los jueces el derecho a desconectar por su cuenta de la UE
El Tribunal Supremo decidirá si es necesario o no el refrendo parlamentario
En Inglaterra la gente ya no se considera de derechas o de izquierdas, conservadora o laborista, sino pro Brexit o anti-Brexit (y en Escocia,
indepe o unionista). En un mundo globalizado, centralizado, privatizado y deslocalizado, sin sindicatos fuertes ni clases obreras, los votantes que participan en el proceso político (muchos, sobre todo jóvenes, permanecen al margen) se definen ideológicamente por la relación con Europa.
En ese contexto, el Tribunal Supremo ha iniciado la vista para decidir si el Ejecutivo puede invocar por su cuenta y riesgo el artículo 50 del tratado de Lisboa, y desencadenar la desconexión, o si por el contrario ha de contar con el refrendo del Parlamento como depositario de la soberanía popular. Brexit por activa y por pasiva, sin que Theresa May haya decidido todavía qué quiere negociar con Bruselas, y con divisiones internas cada vez más lacerantes en su Gobierno entre quienes abogan por una ruptura rápida y limpia con la Unión Europea, y apechugar con las consecuencias sean las que sean, y quienes, asustados, se conforman con paños calientes. Entre los que dan prioridad al control de la inmigración y los que están dispuestos a pagar un precio por permanecer en el mercado único, o por lo menos disfrutar de un acceso preferencial.
La victoria liberal demócrata en la elección parcial de Richmond con una plataforma eurófila (y la petición de una segunda consulta al final del proceso) ha alejado la posibilidad de unas elecciones anticipadas para reforzar el mandato del referéndum. May ha visto pelar las barbas del vecino, porque el resurgir como partido del antiBrexit haría peligrar decenas de escaños
lib-dem tories, y sus titulares no quieren ni oír hablar de ello.
Mientras lanza globos sonda, coquetea entre el Brexit duro y el Brexit blanco, y espera la decisión final de la justicia (que no llegará hasta enero), el Gobierno sólo tiene clara una cosa: la invocación del artículo 50 antes del 31 de marzo, a pesar de que entonces no habrán sido todavía las elecciones en Francia y Alemania, y no sabrá quiénes son sus interlocutores en el proceso de ruptura. Pero los euroescépticos, que se consideran con una especie de mandato divino tras ganar el referéndum por 51,9% a 48,1%, exigen acción y no pierden oportunidad de denunciar una conspiración para ignorar la voluntad popular.
Los jueces del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales fueron denostados por los brexistas como enemigos del pueblo por dictaminar que el Gobierno no podía actuar por su cuenta, y requería el refrendo parlamentario. En su apelación ante el Tribunal Supremo, el fiscal general Jeremy Wright ha reiterado el argumento de que la llamada prerrogativa real –una tradición atávica de los tiempos de los monarcas absolutos– concede al Ejecutivo el derecho de firmar y romper tratados sin necesidad de acudir a los Comunes, y que los diputados lo sabían –y no lo contestaron– al aprobar la ley que convocaba el referéndum.
Es imposible predecir qué decidirán los once magistrados dentro de un mes, pero el Gobierno estima que sus posibilidades de ganar no son más de una entre tres, y ya tiene preparado el texto de un proyecto de ley para acudir a Westminster con el artículo 50 en la mano, y un texto minimalista susceptible de pocas enmiendas, que pueda ser aprobado antes de finales de marzo. Liberales, Verdes y los nacionalistas escoceses y galeses intentarán dar guerra, pero el Labour ya ha adelantado que no se opondrá, y sólo pedirá protección a los derechos de los trabajadores. Está aún más dividido que los conservadores por el tema del Brexit, y tiene miedo a un sorpasso del UKIP en el norte industrial de Inglaterra.
Y a todo esto, el Gobierno sueña con una Europa a la carta, en la que controle la inmigración, no esté sometido a los tribunales de la UE y pague por el acceso al mercado único para determinados servicios e industrias. Libre comercio sin vinculaciones políticas o monetarias. Lo que siempre ha querido. A ver qué dice Bruselas al respecto...