Varsovia quiere coartar la libertad de reunión y manifestación
La nueva ley que regula el derecho de reunión y manifestación que el Gobierno nacionalcatólico forzó en el Sejm (cámara baja del Parlamento) despierta severas críticas y protestas por su manifiesta anticonstitucionalidad. Ayer, cientos de manifestantes acudieron a la sede del Parlamento en Varsovia para protestar contra los planes de aprobarla. La autorizada voz del Tribunal Supremo, hecha pública ayer, no deja lugar a dudas: “La pretendida legislación tiene todas las características de un Estado de excepción sin introducirlo formalmente (...) y representa un flagrante intento de violar el orden constitucional en lo referente a la libertad de reunión y manifestación”, dicen los jueces acerca del proyecto que, para entrar en vigor, necesita todavía el voto del Senado y la firma del presidente, ambos en manos del partido nacionalista Ley y Justicia.
“Una legislación de esta índole no merece el nombre de ley digna de un Estado de derecho, democrático y europeo, porque no sólo viola la Constitución polaca, sino también el derecho internacional vinculante en Polonia”, sentencia el máximo tribunal.
Los nacionalistas enmendaron la ley todavía vigente, establecida al restaurarse la democracia liberal en 1989, en el mejor espíritu del régimen comunista. Así, las nuevas medidas otorgan a los gobernadores la facultad de autorizar o prohibir reuniones o manifestaciones públicas, según como valoren su finalidad.
Ahora las autoridades sólo pueden registrar la solicitud de convocarla o prohibirla si constituye un peligro para la seguridad o viola la ley.
La nueva norma da asimismo preferencias a “manifestaciones cíclicas”, es decir, conmemoraciones de aniversarios u otras fiestas oficiales, y limita el derecho a convocar reuniones o manifestaciones alternativas, o contramanifestaciones.
Más flagrante aún es la prioridad que la ley concede al Gobierno y los poderes públicos y la Iglesia católica ante los partidos de la oposición, las asociaciones sociales u organizaciones independientes. Esta disposición provocó la indignación del Supremo: “Esta norma instaura prácticamente el monopolio del poder público para organizar actos masivos donde y cuando desee”.
El proyecto de ley ha sido denunciado como anticonstitucional por el Defensor del Pueblo.
El Supremo rechaza el proyecto de ley, pero el Gobierno controla las instituciones que deben aprobarlo