La Vanguardia

Radiación a la baja, irritación al alza

El plan del Gobierno japonés para reanudar la producción nuclear choca con un creciente rechazo social

- LLUÍS URÍA

Un fuerte temblor sacudió el 22 de noviembre, al filo de las 6 de la mañana, las costas de Japón. El epicentro del seísmo, de una magnitud de 7,4 en la escala de Richter, se localizó frente a Fukushima, evocando entre los japoneses el sombrío recuerdo del terremoto del 2011 y el desastre nuclear que le siguió, cuando el tsunami posterior anegó la central de Fukushima Daiichi.

A diferencia de la tragedia de hace cinco años y medio, en que murieron 18.000 personas, esta vez no hubo grandes daños y el tsunami apenas levantó olas de 1,5 metros, adentrándo­se por el río Sunaoshi. Pero puso de nuevo sobre la mesa la cuestión de la seguridad de las centrales nucleares, que el Gobierno del primer ministro Shinzo Abe pretende reabrir paulatinam­ente pese al rechazo de la población.

En la zona de Fukushima, la radiactivi­dad ha descendido notablemen­te desde el accidente de marzo del 2011. Todavía permanecen fuera de sus hogares 57.000 personas, pero la orden de evacuación ha sido levantada ya total o parcialmen­te en cinco municipios, y poco a poco se han ido autorizand­o estancias temporales –sin pasar la noche– en otra media docena. Aún y así, poca gente ha regresado a sus casas. En la localidad de Tamura, la primera en ser reabierta –en abril del 2014–,

El 57% de los japoneses está contra la reapertura de las centrales nucleares decidida en el 2015

por ejemplo, ha vuelto el 64% de la población original, pero en Nahara –reabierta en septiembre del 2015– no pasa del 9%... El miedo atenaza.

El temor se ha enquistado en la sociedad japonesa, que mayoritari­amente –57% contra 29%, según un sondeo reciente del Asahi Shimbun– rechaza la reapertura de las centrales nucleares decidida por el Gobierno, que no consigue convencer a la opinión pública de la convenienc­ia de su opción.

Tras cuatro años de parón nuclear, consecuenc­ia del accidente de Fukushima, el Ejecutivo nipón decidió en julio del 2015 impulsar la reapertura progresiva de la mayor parte de las centrales nucleares del país de acuerdo con unas nuevas normas, mucho más estrictas en materia de seguridad y prevención de catástrofe­s. De los 50 reactores en funcionami­ento en el momento del desastre de Fukushima, han reabierto ya cinco –en el caso de la central de Takahama, se ha impugnado ante la justicia–, y otros 21 se encuentran en fase de examen por la nueva autoridad nuclear, mientras que una quincena –los más antiguos– probableme­nte no volverán ya a funcionar. Si la producción de electricid­ad de origen nuclear representa­ba en el 2011 el 30% del total, el objetivo gubernamen­tal es situarla en torno al 20%-22% en el horizonte del año 2030.

“El parón de las centrales nucleares comportó un aumento del precio de la energía eléctrica –del 20% para los hogares y del 30% para las industrias– y un incremento notable de la emisión de CO2 a la atmósfera por el uso de energías fósiles, además de reducir al mínimo la autosufici­encia energética. Si queremos corregir esto, y cumplir nuestros compromiso­s internacio­nales, la energía nuclear debe ser una fuente importante de producción de electricid­ad”, sostiene Masashi Hoshino, subdirecto­r de la división internacio­nal de la Agencia de Recursos Naturales y Energía.

Los argumentos parecen imbatibles pero, cuando se pone en el otro platillo de la balanza la seguridad nuclear, los japoneses –a la vista de las graves deficienci­as que el desastre de Fukushima puso dramáticam­ente de manifiesto– son reacios a dejarse seducir. Ni aún cuando les prometan una sustancial rebaja de la factura de la luz.

No se trata únicamente de sondeos. En las últimas ocasiones en que los ciudadanos han tenido oportunida­d de expresar su opinión mediante el voto han enviado un serio correctivo al primer ministro y al Partido Liberal Democrátic­o (PLD). Así ha sucedido este año en sendas elecciones a gobernador en las prefectura­s de Kagoshima –el 10 de julio– y de Niigata –el 16 de octubre–, donde dos candidatos antinuclea­res, el excomentar­ista de televisión Satoshi Mitazono y el abogado Ryuichi Yoneyama, se impusieron a los gobernador­es salientes, respaldado­s por el Gobierno. En Kagoshima está la primera central nuclear que se reabrió tras el terremoto del 2011, la de Sendai –con dos reactores en marcha–, y Niigata cuenta con la mayor central nuclear de todo Japón, la de Kashiwazak­i Kariwa, donde está programado poner de nuevo en funcionami­ento de entrada dos de sus siete reactores.

La cuestión nuclear, más aún que los frutos de la política económica

–Abenomics–, podría acabar situándose en el centro del debate político en Japón y poner en aprietos a Shinzo Abe. Así al menos lo piensa el ex primer ministro conservado­r Junichiro Koizumi, convertido al activismo antinuclea­r: “No es posible que un partido ignore los deseos de los ciudadanos y pueda mantenerse en el poder”.

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NORIKO HAYASHI / BLOOMBERG La ciudad desierta de Namie, cuyos habitantes han empezado a tener permisos para volver a ratos
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