Reflexiones de Miguel Herrero
La mayor parte de los problemas que nos preocupan no son constitucionales. La convivencia y el respeto son una consecuencia, en todo caso, de principios establecidos en la Constitución y que son garantizados por leyes positivas de carácter inferior. Los gestos hostiles a la Constitución pueden ser una señal de protesta a lo que representa pero son bastante inútiles.
Miguel Herrero de Miñón ha publicado las tres conferencias pronunciadas este año del 2016 sobre la reforma constitucional. Su lectura es interesante porque está llena de matices y consideraciones de carácter jurídico y práctico que vienen de uno de los padres de la Constitución de 1978.
La decena de constituciones desde la de 1812 de Cádiz se caracterizaron por afirmar las pretensiones, ilusiones y necesidades de media España en contra de la otra media. La de 1978 fue en su génesis y, pese a tensiones y crisis, una Constitución consensuada entre las grandes fuerzas políticas, consenso hacia el que, hasta tiempos muy recientes, habían gravitado los partidos nacionalistas.
El derecho constitucional, dice Miguel Herrero, ha de servir para resolver conflictos políticos encauzando y garantizando los derechos individuales y colectivos. El Estatut de 1979, fruto de la Constitución de 1978, votada en proporción más alta por los catalanes que por el resto de los españoles, fue consecuencia de un pacto de Estado. La Loapa de 1983 fue el primer atentado a ese pacto que inició una política sutilmente re centralizador ayuna progresiva administra tiza ción de la autonomía política de Catalunya.
La confianza fue sustituida por un malestar creciente entre el Estado y Catalunya que llevó a la precipitación del Estatuto del 2006 promovido por Pasqual Maragall y al error de la sentencia del Tribunal Constitucional de junio del 2010 que marcó el punto de inflexión que nos ha llevado a la desafección que en su día advirtió el president Montilla y a un cierto ambiente de ruptura actual.
El primer gobierno Rajoy optó por la judicialización del proceso independentista catalán que no lleva a ninguna parte aunque sea inevitable desde el punto de vista jurídico. En todo caso, la judicialización no puede suplir la inactividad política.
No sé si es demasiado tarde. Pero las idas y venidas a Catalunya de Soraya Sáenz de Santamaría revelan que la actitud de Rajoy ha cambiado, entre otras razones, porque ya no puede actuar por su cuenta en un gobierno que necesita respiración asistida en todos los temas de cierta envergadura.
Herrero sugiere un pacto para una disposición adicional para Catalunya sobre el modelo existente, con expresa referencia a su identidad garantizando en ella las precisas competencias estratégicas, tales como la organización de las propias instituciones, las educativas, lingüísticas y culturales.
El pacto siempre es posible. Depende, claro está, de si las partes están de acuerdo en rehacer los puentes ya rotos.
La judicialización del proceso ha conducido a la necesidad de un pacto para rehacer los puentes rotos