Rajoy mantiene la oferta de diálogo pese a la convocatoria soberanista
El Gobierno culpa a la CUP de la reunión del día 23 para preparar el referéndum
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, evitó censurar al PDECat o a ERC durante su comparecencia de ayer. Dijo que la cita del 23 es una “exigencia” de la CUP.
Diálogo, mano tendida y apertura. Esa fue la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy a la cumbre soberanista convocada por Carles Puigdemont para el 23 de febrero, con la idea de ir preparando el referéndum de independencia. La época de los reproches, las palabras gruesas y el lenguaje amenazante parecen haber quedado atrás. El diálogo iniciado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en busca de soluciones al desafío soberanista ha cambiado el panorama, o por lo menos el tono del enfrentamiento.
Donde antes todo hubieran sido advertencias, ahora el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, puso buenos palabras y redoblados esfuerzos de diálogo. Sólo palabras, que dada la tensión verbal vivida en los últimos años entre los dos gobiernos, ya es mucho. Fue el mensaje que Méndez de Vigo lanzó, sobre todo a los catalanes, que el Gobierno “va a continuar la política de diálogo, porque es lo que resuelve los problemas de los ciudadanos”. Diálogo, diálogo y más diálogo.
Diálogo, porque la estrategia del Gobierno pasa porque cale entre los catalanes el mensaje contrario al que instalaron los partidos independentistas en la anterior legislatura. Si entonces triunfo el mensaje de que quien no quería dialogar y era intransigente era el Gobierno de Rajoy, ahora pretende cambiar las tornas. Por eso cada oferta de diálogo pronunciada por Méndez de Vigo iba acompañada por una apelación a la opinión pública, para que se diera cuenta de que mientras el Gobierno “está en una actitud de diálogo, otros están en la unilateralidad”.
Pero hasta en eso la actitud y el lenguaje del nuevo portavoz del Gobierno fue muy distinta a la mantenida en los últimos años, porque no acusó ni a Carles Puigdemont, ni al PDECat, ni siquiera a ERC, sino que cargó toda la responsabilidad de seguir adelante con el proceso, ahora con la convocatoria de esta cumbre, es decir, de la “radicalidad”, a la CUP.
A juicio de Méndez de Vigo, la reunión del 23 de diciembre “es una exigencia de los radicales de la CUP”, dijo, que reiteró para achacar la convocatoria a “la radicalidad de algún socio del Gobierno al que necesita para aprobar los presupuestos”.
La actitud mostrada por Méndez de Vigo es continuación de la nueva política hacia Catalunya que encabeza
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la vicepresidenta, que ya se ha trasladado a Barcelona para mantener reuniones con los partidos catalanes.
Sáenz de Santamaría informó ayer, al Consejo de Ministros, de esos contactos, que de forma general valora de forma muy positiva. La vicepresidenta pidió a los demás ministros que mantengan esa misma actitud de diálogo y cooperación con los partidos catalanes “para ver qué cosas podemos hacer juntos”.
El encargo incluye que los ministros hablen con sus homólogos, para ver en qué concretan los 46 puntos planteados hace años por Puigdemont a Rajoy, porque “son muy generales”, y porque el Ejecutivo sigue creyendo que hay ámbitos en el que el diálogo es posible: los presupuestos, el FLA, el pago a proveedores, la financiación autonómica, inversiones, buscar la forma de reducir la litigiosidad ante el Constitucional, por ambos lados, o pedirle al Gobierno de la Generalitat “que no apruebe leyes manifiestamente inconstitucionales”, de la Lomce, del techo de gasto, de la tarjeta sanitaria.
De muchas de esas cosas se hablará en la Conferencia de Presidentes que Mariano Rajoy quiere convocar para principios de año, por lo que al Gobierno le resultaría muy extraño que el president Carles Puigdemont no acudiera, ya que se trata de dar solución a los problemas de los catalanes, como al de las otras comunidades del Estado.
Da igual que la respuesta a esa oferta de diálogo sea el desplante o la unilateralidad, “El Gobierno tiene la firme voluntad de llevar a cabo su opción de diálogo, pase lo que pase”, añadió.
Ayer, otro gesto salió del Gobierno español. Concedió la gran Cruz de Alfonso X el Sabio a Joaquim Molins, en reconocimiento a su labor al frente de la Fundación del Gran Teatre del Liceu, cuya presidencia deja ahora. También concedió la misma condecoración al economista Francisco Luzón.
El Consejo de Ministros, por otro lado, acordó ayer pedir autorización al Congreso para incrementar en 150 los efectivos de las Fuerzas Armadas destacadas en la misión “Apoyo a Irak”, en el marco de la coalición global contra el Estado Islámico. Con ello se incrementa de 300 a 425 militares, como máximo. Entre los nuevos efectivos habrá 25 guardias civiles para formar, capacitar e instruir a las policías locales, regionales y de fronteras iraquíes. Con este incremento de efectivos se proporcionarán unidades para se-
guridad, protección, apoyo logístico, sanitario y el proyecto de formación de personal iraquí.
El anuncio de la convocatoria de la cumbre del referéndum ha sido recibido con escepticismo en el espacio de los comunes, cuya principal dirigente es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Para empezar, porque aún no les han citado ni formal ni informalmente para el encuentro, señalan. Pero también porque ven en esta iniciativa de Carles Puigdemont una “posible estrategia” destinada a satisfacer a sus socios parlamentarios de la CUP en plena tramitación de los presupuestos en lugar de un “ofrecimiento sincero” para sumar a cuantos más actores mejor a la consulta sobre la independencia.
Aun así, los miembros de las confluencias de izquierdas, que han hecho de la defensa del referéndum de autodeterminación su bandera, están dispuestos a escuchar la propuesta del presidente del Govern.
“Entonces la valoraremos y decidiremos qué hacer”, subraya el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech. El líder de los comunes en el Congreso califica de “extraña” la forma en como se ha preparado la cumbre porque “no existe una propuesta previa, no nos han comunicado el orden del día y se aparta del formato del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que nosotros habíamos solicitado reactivar”. “La cumbre anunciada a la prensa es presidencialista y parece que tiene más que ver con el debate de los presupuestos de la Generalitat”, añade Xavier Domènech.
En la misma línea se expresa la coordinadora nacional de ICV y diputada en el Parlament, Marta Ribas. “Nadie puede poner en duda el compromiso de Iniciativa con el referéndum, impulsamos una resolución sobre la consulta en el Parlament que apoyó Junts pel Sí y en nuestra última asamblea nacional reiteramos la defensa del derecho a decidir”, expresa. Ahora bien, Ribas quiere saber primero para qué les convocan y en qué términos. “Si es para preparar un referéndum con garantías y efectos y que interpele a toda la sociedad, estaremos dispuestos a trabajar en ello”, recalca. En cambio, si la cita tiene como objetivo cumplir con la resolución aprobada por Junts pel Sí y la CUP en el debate de política general –donde se abogaba por un referéndum unilateral– “esto no nos vincula a nosotros”, señala Domènech.
Los comunes añaden otra lectura a la convocatoria anunciada por Puigdemont: la del “fracaso de la hoja de ruta de Junts pel Sí”, según el secretario general de Podemos en Catalunya, Albano Dante Fachin. “En las elecciones del 27-S dijeron que si ganaban en escaños esto ya estaba hecho y declararían la independencia en el 2017, que tenían un mandato democrático para desconectar; ¿dónde queda este mandato ahora”, insiste el también diputado.
Colau y sus socios esperan tener más detalles sobre el encuentro a partir de la semana que viene y entonces decidir si se suman a la cumbre del referéndum o no. Una consulta que podría celebrarse antes de la fecha prevista –septiembre del año que viene–, según el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras.
“El referéndum se celebrará en el momento en que las circunstancias lo permitan y aboquen a hacerlo”, señaló ayer el líder de ERC en Catalunya Ràdio. La fecha concreta, dijo, vendrá “en parte condicionada por posibles decisiones que tome el Gobierno español”, porque si “precipita decisiones en contra de las instituciones de Catalunya de alguna manera habrá que responder”.
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