El TC busca presidente en plena operación diálogo
La renovación de un tercio de los magistrados, una operación institucional clave
El Tribunal Constitucional (TC) se encuentra en vísperas de un cambio importante, el que se va a derivar del fin del mandato de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y de otros tres magistrados, entre ellos la vicepresidenta de la institución, Adela Asúa. De los Cobos ha conseguido mantener un alto grado de unidad interna en cuestiones fundamentales, como las sentencias dictadas para frenar los planes soberanistas, en respuesta a impugnaciones del Gobierno central.
El proceso de renovación, por tanto, aparece como una operación sumamente delicada, de cuyo resultado depende la capacidad del Constitucional para seguir respondiendo al papel decisivo que le asigna la propia Carta Magna como piedra angular del sistema. Catalunya ha ocupado un lugar muy destacado entre las preocupaciones y las ocupaciones del Alto Tribunal en los últimos años. En los próximos quince días, el Constitucional celebrará dos plenos en los que se admitirá el recurso del Gobierno contra la preparación del referéndum para el 2017, iniciativa que quedará en suspenso, y se dará un nuevo aval a las competencias de los magistrados para suspender a cargos públicos en sus funciones.
En todo caso, la preocupación del Gobierno por la renovación del TC no nace sólo de su papel determinante frente a las iniciativas soberanistas. Al Constitucional le corresponde en gran medida garantizar también el equilibrio entre poderes y la cohesión y la solidaridad entre territorios. En estas cuestiones también seguirá jugando un papel determinante. A la vista estos factores, al Gobierno le interesa que la renovación mantenga la actual mayoría conservadora del Constitucional y muy en especial que la presidencia siga recayendo en algún magistrado de este sector.
Hay que tener en cuenta que el TC concentra muchas atribuciones importantes en manos de su presidente, que es quien organiza la agenda del pleno. La facultad de elaborar el orden del día es muy relevante, porque implica que quien ejerce la presidencia decide qué asuntos tienen prioridad y cuáles pueden permanecer más o menos tiempo guardados en un cajón, a la espera de la situación más conveniente o propicia para someterlos a deliberación y dictar sentencia.
Lo habitual en las renovaciones es que sea elegido presidente uno de los cuatro magistrados que se encuentran en el último tercio de su mandato. En esta situación se hallan ahora Andrés Ollero, Encarna Roca, Fernando Valdés Dal-Ré y Juan José González Rivas. Este último estuvo a punto de ocupar la vicepresidencia de la institución en la anterior renovación, pero un pacto entre conservadores y progresistas llevó a dicho puesto a la magistrada vasca Adela Asúa.
Si se cumpliera la regla no escrita para la provisión de la presidencia, Ollero, Rivas y Roca tienen opciones para alcanzar el puesto. Los dos primeros están claramente adscritos al núcleo conservador. Roca lo está menos, pero ha votado con dicho sector en numerosas ocasiones. Valdés, en cambio, no pertenece a ese grupo, ahora dominante en el Constitucional.
En la actualidad, en efecto, el TC está claramente escorado. La mayoría conservadora puede cifrarse en ocho magistrados, aunque es cierto que en algunas sentencias se han producido votos cruzados entre sectores. En paralelo, el núcleo progresista ha quedado reducido a tres jueces. La vicepresidenta del Constitucional, Adela Asúa, y los magistrados Fernando Valdés, ya citado, y Juan Antonio Xiol conforman este grupo, que ha efectuado como bloque numerosos votos particulares en contra de la mayoría.
El último de estos votos particulares, especialmente importante, fue el realizado en discrepancia con el fallo que avaló la reforma legal por la que el TC asumió la facultad de suspender a cargos públicos en caso de desobediencia en el cumplimiento de sus resoluciones. Esta vez no hubo consenso y el fallo a favor de mantener en vigor la reforma se aprobó por 8 votos a 3, tras la dimisión de Adela Asúa como ponente de la resolución. Asúa había elaborado un proyecto de sentencia que cuestionaba que el TC pueda suspender a políticos en el ejercicio de sus funciones. Ese era el núcleo de la reforma. Para el Gobierno, el rechazo del recurso hubiera significado un gran contratiempo.
En el propio Constitucional causó cierta extrañeza la rapidez con que se abordó este asunto y se resolvió el primer recurso presentado en esta materia, el del Gobierno vasco. Pero tras la sentencia por la que el TC declaró que sus nuevas competencias sancionadoras se ajustan a la Carta Magna, los magistrados tienen en su mano la posibilidad de apartar de su puesto a cualquier político al que le atribuyan la voluntad de impedir que se lleven a cabo sus decisiones. La inhabilitación sólo podía llegar hasta ahora tras un proceso con todas las garantías por la vía penal, en la medida en que es una pena restrictiva de derechos básicos. La importancia de la nueva regulación, en suma, es indudable. Y en esta ocasión, a diferencia de lo que había venido ocurriendo con los fallos dictados frente a las iniciativas soberanistas, no fue posible la unanimidad.
Si estas nuevas competencias se aplican algún día, no será por parte del actual TC, cuyo presidente y otros tres magistrados concluyen teóricamente su mandato el próximo día 29 de diciembre. La designación de los nuevos miembros del TC corresponde al Senado, que no prevé concluir el proceso de renovación antes de esa fecha. De entrada, tiene que recibir las propuestas de nombres de jueces que efectúen los parlamentos autonómicos. En el caso de Catalunya, Junts pel Sí y la CUP ya han manifestado su voluntad de que el Parlament no tome parte en este proceso.
Junto a las de Pérez de los Cobos y Asúa deben renovarse las plazas que ocuparon los magistrados Luis Ortega y Francisco Hernando, ambos fallecidos. El puesto de Ortega no se ha cubierto, mientras que para el de Hernando el Senado designó al juez del Tribunal Supremo (TS) Ricardo Enríquez. En teoría, la renovación implica que cambian dos magistrados conservadores –López de los Cobos y Hernando– y dos progresistas, Asúa y Ortega. Pero la mayoría de la que dispone el PP en la Cámara Alta permite prever que esta situación no se va a reproducir.
En el Constitucional se cree que el PP se reservará la facultad de proponer a tres magistrados, y que el cuarto lo pactará con el PSOE. Tampoco cabe descartar que el acuerdo sobre este último se extienda a los nacionalistas vascos. Ese fue el caso de Adela Asúa, catedrática de derecho penal de la Universidad del País Vasco y que en su día recibió el apoyo tanto del PSE como del PNV.
El Gobierno tiene especial interés en que no haya grandes retrasos en la renovación del TC. El magistrado conservador Ricardo Enríquez podrá seguir en la institución si los cambios se producen antes del próximo mes de marzo. La razón estriba en que a un magistrado que haya entrado para ocupar el puesto de otro fallecido le cabe continuar en el cargo si en el momento de la renovación no ha cumplido tres años en el puesto.
En el Constitucional se afirma asimismo que las presentes circunstancias son también idóneas para culminar pronto la renovación porque ello facilitaría que su presidente, Pérez de los Cobos, pueda acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. Está a punto de concluir en dicha institución el mandato del magistrado progresista Luis López Guerra, que fue vicepresidente del TC. El Constitucional, en suma, ya ha sido en el pasado una vía de acceso de sus antiguos responsables a la justicia europea.
El presidente del TC, candidato a un puesto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Una rápida renovación favorecería la continuidad de la mayoría conservadora Encarna Roca, Andrés Ollero o Juan José González Rivas pueden ocupar la presidencia El Constitucional cree que haber cerrado el paso al soberanismo es su principal activo