Gestiones para retirar el recurso del aborto
El Constitucional lleva seis años con el recurso sobre el aborto guardado en un cajón. La fuerte disputa entre el PSOE y el PP en esta materia desalentó desde el principio al TC, que se ha resistido a iniciar formalmente la discusión del fallo, sabedor de que, haga lo que haga, no logrará pacificar definitivamente el debate. El criterio dominante entre los magistrados es que deben ser las fuerzas políticas las que consigan algún principio de acuerdo para regular la interrupción voluntaria del embarazo, y no obligar al Constitucional a decantarse en favor de una u otra solución. Dicho en otros términos, no es que el TC se lave las manos, sino que tiene la convicción de que se trata de un asunto que debe debatirse y resolverse en sede política, por la naturaleza de la materia.
El ponente del fallo sobre el aborto es el magistrado Andrés Ollero, portavoz de Justicia del PP en el Congreso durante varias legislaturas. Oficialmente, nadie ha leído el proyecto de sentencia que tiene elaborado. Oficiosamente, todo el mundo la imagina, teniendo en cuenta que se trata de una persona de profundas convicciones religiosas. El texto hubiera podido llevarse al pleno para su discusión. Pero en el seno de la propia mayoría del Constitucional se teme que la institución se dividiera como en ningún otro asunto si la sentencia se pone a debate.
Por vías indirectas, PP y PSOE están recibiendo en este inicio de legislatura el recado de que la mejor solución sería la retirada del recurso presentado por los populares. Con ello, quedaría en pie la vigente ley de plazos, sin más. El PP ya renunció a reformar este sistema desde el Gobierno. Las direcciones de PP y PSOE saben que si la impugnación se retira, el TC podría cambiar su doctrina sobre quiénes están facultados para renunciar a un recurso, de modo que no hubiera obstáculos para que los diputados actuales deshagan la iniciativa de su grupo en el pasado, cuando tenía otra composición.
El TC no pondría obstáculos a que el PP se desdijera de su impugnación