¿Quién quiere negociar?
Durante la pasada legislatura, el PP catalán se hartó de pedir más presencia del Estado en Catalunya y, aunque Mariano Rajoy llegó a presumir en público del número de visitas a la capital catalana, su coche no cruzaba Barcelona. La participación del presidente del Gobierno se ha concentrado en reuniones de partido en hoteles estratégicamente situados en los extremos de la ciudad de fácil acceso desde el aeropuerto. Ni el palco del Camp Nou serviría como bálsamo. Nunca lo utilizó un presidente del Gobierno español. Pero es que además, Rajoy es socio orgulloso del Real Madrid, defendió sin reparos a Cristiano Ronaldo como candidato al Balón de Oro, y envió a su vicepresidenta a la última final de la Champions que ganó el Barça en Berlín.
Así que la cosa, incluso en la diplomacia deportiva, está en manos de Soraya Sáenz de Santamaría, que ha cambiado el protagonismo que da la rueda de prensa del consejo de ministros por la sede Delegación del Gobierno en Barcelona. Del anuncio de recursos de inconstitucionalidad a la apuesta por el diálogo. La vicepresidenta ha logrado imponer su relato. Y esa es ya su victoria. Dispone de despacho y agenda abierta en Barcelona y, por primera vez, el delegado del Gobierno en Catalunya a sus órdenes tiene más misión que denunciar, cumplimentar y ser cumplimentado. La imagen que ofrece Santamaría es la de negociadora política con el margen de maniobra necesario para ofrecer la mano, pero dispuesta a tomarse el brazo del adversario.
A la defensiva, el independentismo sitúa la operación diálogo en el terreno de la propaganda pero asume que las expectativas de una mesa de negociación sosiegan a una parte del soberanismo movilizado hasta ahora a golpe de efeméride, día histórico o resolución judicial. Así que mientras Santamaría organiza su particular Súmate con Ciudadanos y PSC, el president Puigdemont convoca una reunión para evaluar la hoja de ruta hacia el referéndum a cambio de tramitar los presupuestos catalanes. También será una cita táctica. La convocatoria es exigencia de la CUP pero el objetivo no es la unilateralidad sino reunir a los actores políticos y sociales comprometidos con el derecho a decidir, lo que permitiría mantener en la mesa a los comunes de Ada Cola y la puerta abierta al referéndum acordado con el Estado.
El preámbulo será la movilización institucional y ciudadana del viernes por la declaración de Carme Forcadell ante el TSJC. La causa por desobediencia contra la presidenta del Parlament es la que más solivianta al soberanismo –más que la ligada a la consulta del 9-N contra Artur Mas– por tratarse de un cargo electo en activo. Pero sobre todo estresa el calendario fijado para el referéndum. También por interés partidista. Si la inhabilitación de Forcadell, en un sprint judicial sin precedentes, llegara antes de febrero el proceso entraría en terreno desconocido. Eso sí, la CUP se ahorraría votar los presupuestos y ERC tendría su gran oportunidad electoral. Y con ese panorama, ¿quién en Catalunya se arriesga ahora a negociar?
La causa contra Forcadell solivianta más al independentismo que la abierta contra Artur Mas