La acusación a Forcadell pone trabas a la ‘operación diálogo’
La presidenta del Parlament defiende ante el juez que actuó legalmente Independentistas y comunes arropan a la declarante
COHESIÓN INTERNA Junts pel Sí y la CUP recuperan la unidad tras la refriega a cuenta de los mossos
Músculo y unidad. El soberanismo volvió a salir ayer a la calle y a exhibir su capacidad de movilización, esta vez en apoyo de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, con motivo de su declaración ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), acusada de desobediencia y prevaricación por haber permitido el debate en el pleno de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. Un apoyo que permitió no sólo cerrar filas entorno a la segunda autoridad de Catalunya, sino también recuperar, ni que sea transitoriamente, la cohesión del bloque independentista que estos días ha quedado sensiblemente tocada a raíz de la enésima refriega entre Junts pel Sí y la CUP, a cuenta de los mossos d’esquadra, y sumar a la reivin- dicación, con una demanda de democracia que va más allá de la idea de independencia, a los comunes. Porque la causa contra la presidenta del Parlament es, sin duda, la que mejor ejemplifica la dificultad para dar crédito a la supuesta apuesta del Gobierno español por el diálogo.
Acompañada de miembros del Govern –encabezados por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente Oriol Junqueras–, centenares de alcaldes con las varas de mando en alto, diputados de Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí que es Pot, expresidentes del Parlament, los máximos dirigentes del PDECat y ERC, imputados por el 9-N como Artur Mas, Francesc Homs e Irene Rigau y representantes de las entidades soberanistas –Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Associació de Municipis per a la Independència y Associació Catalana de Municipis–, Carme Forcadell se dio un baño de multitudes a la entrada y a la salida del Palacio de Justicia de Barcelona, ante las 3.000 personas que, según el cálculo de la Guardia Urbana, se habían concentrado frente al TSJC. La cifra era, en teoría, inferior a cuando, en el mismo escenario, el 15 de octubre del 2015 Artur Mas declaró por el 9-N –la Guardia Urbana informó de 6.000 personas–, aunque la sensación de la mayoría de los asistentes, en buena parte repetidores, no era ésta, sino exactamente la contraria.
Fuera como fuera, la puesta en escena siguió los mismos parámetros que entonces. Los cargos públicos se concentraron en el Parlament y desde allí acompañaron en comitiva a la segunda autoridad de Catalunya hasta el palacio de Justica, a pie a través del parque de la Ciutadella, en donde Carles Puigdemont aprovechó para despedirse a fin de evitar que la imagen del presidente de la Generalitat delante del TSJC pudiera dar lugar a según qué interpretaciones. A la entrada, Carme Forcadell subió la escalinata en solitario y saludó con los brazos en alto. A la salida, repitió el saludo y, visiblemente emocionada y tras un largo abrazo con Artur Mas, se mezcló con el público que le estaba esperando. En ambos casos fue recibida con proclamas en favor de la independencia y en contra de la justicia española y con el lema que presidía toda la movilización: “Esto va de democracia”. La declaración apenas había durado media hora, porque sólo contestó a las veinticinco preguntas de su abogado. Y el regreso al Parlament, otra vez a pie, fue una constante de apretones de manos de la comitiva que ahora era sobre todo de ciudadanos.
Después llegó el turno de la valoración política, con una declaración desde la solemnidad del despacho de audiencias en la que la presidenta del Parlament, más allá de defender su actuación como había hecho ante el TSJC, dedicó una dura carga de profundidad a los poderes del Estado. “Lo que está en juego es la democracia, lo que ha pasado hoy es inconcebible en un Estado democrático y nunca debería de haber pasado”, lamentó, y acusó al “poder legislativo de usar el poder judicial para impedir que el Parlament debata”. Todo ello con la sombra de una posible inhabilitación presente, a la que, a pesar de todo, se resiste a dar crédito, porque “sería un ataque tan grave a la democracia que es inconcebible, porque los presidentes de los Parlamentos los ponen los diputados”, no los tribunales, vino a decir. Una idea en la que abundó incluso el mismo Carles Puigdemont, que advirtió que, en caso de inhabilitación, Carme Forcadell “es evidente que seguirá siendo la presidenta que ha escogido el pueblo de Catalunya”.
RÉPLICA Millo sostiene que “no se persigue a nadie por defender ideas, sino por desobedecer”
Muestras de apoyo que fueron compartidas por todo el bloque soberanista. Por un Oriol Junqueras que asegura que el soberanismo “no flaqueará” ante los “palos en las ruedas” del Estado. Por un Artur Mas que ve “absolutamente escandaloso” que se archive la causa contra Jorge Fernández Díaz por “conspirar contra gente por tener ideas” mientras se imputa a la presidenta del Parlament “por dejar hablar y votar”. Por una Ada Colau que justificó la ausencia en la movilización de ayer en una “agenda complicada”, pero que reafirmó su respaldo a Carme Forcadell y su rechazo de la judicialización de la política. E incluso, desde la distancia, por un Iñigo Urkullu que, sin citar a nadie, alertó de que “no se pueden usar los tribunales como instrumento de negación o anulación del diálogo político”.
Todo lo contrario de los detractores del proceso soberanista, en especial el PP –“no se investiga ni se persigue a nadie por defender unas ideas, sino por desobedecer a un tribunal”, replicó el exdiputado y ahora delegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo– y C’s, que vería “saludable” un cambio en la presidencia del Parlament, mientras el PSC se esforzaba por situarse en un punto intermedio alejado tanto de la judicialización como de la desobediencia. Posiciones encontradas, en definitiva, que mantienen el conflicto en efervescencia y dificultan todo intento de diálogo.