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La obligación del Gobierno de abonar una carísima compensación por el túnel de El Pertús, y el récord de beneficios de Fira de Barcelona el 2016.
LOS gobiernos español y francés han asumido la gestión conjunta del túnel ferroviario transfronterizo de El Pertús, una vez liquidada la compañía concesionaria, TP Ferro, que se ha demostrado inviable porque el tráfico de trenes es muy inferior al inicialmente previsto. Lo positivo de la decisión es que esta costosa infraestructura, que supuso una inversión superior a los mil millones de euros, seguirá en funcionamiento. Lo negativo es que la rescisión del contrato con la concesionaria supone el pago, a cargo de las arcas públicas de ambos países, de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que asciende a 450 millones de euros.
La solución dada al túnel de El Pertús marca, además, el camino de lo que podría suceder con el enorme fiasco de las autopistas radiales de Madrid, y algunas otras del resto del Estado, también en liquidación porque su explotación resultó deficitaria a causa del mismo motivo: la insuficiencia de tráfico, ahí automovilístico. El drama, en este caso, es que el importe de la RPA que habría que pagar se puede multiplicar por diez, hasta los 5.000 millones de euros, una cantidad que equivale a las dos terceras partes del ajuste que España debe hacer este año.
La legislación actual sobre adjudicaciones de obras públicas ampara la reclamación de los acreedores –en su mayoría bancos– de las respectivas RPA y, además, no contempla la exigencia de responsabilidades políticas ni penales por los errores cometidos, cuyo coste recae siempre sobre los contribuyentes. Es urgente, por tanto, una revisión inmediata de la normativa legal para evitar que vuelvan a producirse situaciones como las citadas.
El sistema vigente en la actualidad es perverso porque en la construcción y explotación de las infraestructuras públicas, en el caso de que vayan mal, todos ganan menos los contribuyentes. Los presupuestos de adjudicación siempre se acaban multiplicando, hasta el doble o el triple, porque se calculan expresamente a la baja para ganar los concursos públicos, al igual que sucede con el pago de las expropiaciones a los propietarios de los terrenos. Las constructoras acostumbran a ser también las mismas adjudicatarias de la explotación posterior de las infraestructuras, con lo que se aseguran un doble negocio: primero con el cobro de las obras y, después, en el caso de que la concesión no sea rentable, con la exigencia de la RPA, ya sea que la planteen ellas o los bancos que las han financiado.
En el marco de este escándalo mayúsculo resultan muy interesantes iniciativas parlamentarias como la presentada por Ciudadanos para conocer el coste real que tendrá la RPA de las autopistas radiales de Madrid, para estudiar posibles alternativas y para que se haga una auditoría externa de las cuentas de las concesionarias de las autopistas de peaje rescatadas para determinar la procedencia de las pérdidas de estas, así como de su deuda, de forma que se estudie con ellas un acuerdo proporcionado con el fin de lograr la situación menos gravosa para los ciudadanos.
De cara al futuro igualmente resulta imprescindible la propuesta de reformar la ley de Contratos del Sector Público para que no se exima por completo a las concesionarias del riesgo empresarial y que, en caso de quiebra, las pérdidas se repartan de modo equitativo en lugar de ser asumidas en exclusiva por el Estado. En el mismo sentido resulta extremadamente necesaria –como también se propone– la creación de una Oficina Nacional de Evaluación, independiente y transparente, para evaluar y priorizar las inversiones de los nuevos planes de infraestructuras según su rentabilidad social, económica, financiera y sus efectos sobre la cohesión social y vertebración territorial.