El Congreso votará derogar la última reforma del TC
PSOE y Podemos apoyan cambios legales promovidos por PNV y PDECat
La proposición de ley impulsada por el PNV anularía la potestad del Alto Tribunal de suspender a políticos
La iniciativa tiene el apoyo de la mayoría de la Cámara y se llevará a aprobación este martes
Rafael Hernando (PP): “Hay quienes siguen pasándose los fallos del TC por el forro de sus caprichos” Íñigo Errejón (Podemos): “En el TC hay una ventanilla exprés para los recursos contra Catalunya”
El Congreso de los Diputados aprobará el próximo martes que se derogue la reforma del Tribunal Constitucional (TC), para que esta institución no pueda suspender a políticos. El Parlamento respaldará con esta finalidad principal una proposición de ley presentada por el PNV en concomitancia con otra del PDECat en las que se aboga por restituir las facultades del TC a la situación previa a los cambios legislativos aprobados a finales del 2015, con el único apoyo del PP, que entonces gozaba de mayoría absoluta en la Cámara.
La proposición de ley de los nacionalistas vascos será defendida por Mikel Legarda, letrado de los servicios jurídicos del Gobierno vasco, y tendrá el apoyo del PSOE, Podemos, ERC y otras fuerzas del grupo mixto, lo que le garantiza que pasará el primer filtro en la votación para la toma en consideración. Gerardo Cámara (PSOE), portavoz socialista en la materia y catedrático de Derecho Constitucional, afirma con gran convicción que el voto de su grupo será favorable a la derogación en “coherencia” plena con la postura adoptada cuando se debatió la reforma del TC.
Entonces hubo un tenso cara a cara entre Rafael Hernando (PP) y Antonio Hernando (PSOE) en el que el primero lanzó duros reproches a los socialistas por negarse a reforzar el papel del TC en defensa de la unidad de España.
Rafael Hernando estima, ante la proposición del PNV, que no se debe “debilitar al TC”. Y añade que el PSOE debe tomar nota de que “estamos viendo cómo hay quienes siguen pasándose las sentencias del TC por el forro de sus caprichos”.
En principio, los socialistas no apoyarán la iniciativa del PDECat por la sencilla razón de que el del PNV, al ser un texto articulado, les parece más elaborado y concreto. El del PDECat, en cambio, es de artículo único, sencillamente derogatorio de la reforma.
En todo caso, el objetivo esencial de las proposiciones del PNV y del PDECat es prácticamente idéntico. Ambas recuperan la situación del TC antes de la reforma impulsada por el PP en el último tramo de la legislatura en que gobernó con plenas atribuciones. Es decir, antes de las dos en que durante el 2016 estuvo en funciones. El PSOE sólo votará en contra de otro aspecto de la proposición de ley del PNV, consistente en la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad. Este tipo de recurso permitiría que el TC se pronunciara sobre un proyecto de reforma de un estatuto antes de que fuera refrendado por la comunidad autónoma afectada.
Los socialistas prefieren que este mecanismo siga existiendo, para evitar experiencias como la ocurrida con el Estatut. El recurso previo ya existió en los años ochenta y fue derogado para que no pudiera abusarse del control previo de constitucionalidad ante todo tipo de normas. Pero luego, cuando se produjo el debate del Estatut, la inexistencia de dicho resorte tuvo, a su vez, otro efecto negativo, consistente en que el texto aprobado por las Cortes y refrendado por el pueblo de Catalunya fue recortado a posteriori por el TC, que modificó por esa vía el pacto alcanzado en el Parlamento y refrendado por los catalanes.
La iniciativa para devolver al TC a su posición institucional anterior a la reforma que le permite suspender a políticos persigue recuperar los equilibrios básicos del sistema político, según los grupos proponentes. Tal es la tesis que defiende Mikel Legarda (PNV), quien aboga por “recuperar el diálogo democrático”. La proposición del PNV contiene una detallada exposición de motivos en la que subraya que “la modificación normativa (de la ley del TC) otorga una serie de mecanismos de ejecución al Alto Tribunal que sitúan a la jurisdicción constitucional por encima del resto de los órganos constitucionales en claro detrimento del principio de continuo y permanente diálogo entre órganos constitucionales que debe primar, más aún ante las situaciones excepcionales que prevé”.
La proposición del PDECat, a su vez, sostiene que “con la reforma del 2015 cambia la naturaleza del TC, que deja de ser un árbitro entre poderes del Estado o entre territorios del Estado, para convertirse en un tribunal ordinario, obligado a hacer cumplir directamente sus resoluciones e incluso a ejecutarlas”. Lourdes Ciuró (PDECat) subraya que estas competencias llegan a vulnerar el principio de separación de poderes y alteran el sistema de contrapesos institucionales definidos por la propia Constitución.
Iñigo Errejón (Podemos) considera a su vez que la reforma del TC supuso una “involución democrática” y se hizo pensando en el desafío soberanista. “Se creó –afirma– una ventanilla exprés para Catalunya”. Errejón añadió que “no entendemos la capacidad de suspender a políticos, que ya están sujetos al Código Penal”. Y concluyó que, en definitiva, “esta fue una reforma ad hoc, contra Catalunya”.