El lobby de las grandes empresas del Ibex se disuelve
El Consejo de la Competitividad convoca su última reunión el próximo martes
El Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC) –un grupo de presión de grandes empresas conocido como lobby del Ibex– ha convocado para este martes una reunión para su disolución.
El Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), una especie de grupo de presión de grandes empresas españolas presidido por César Alierta, expresidente de Telefónica, ha convocado para el próximo martes la que está previsto que sea su última reunión, pues el objetivo del encuentro es formalizar su disolución. Así se ha informado a sus miembros, máximos responsables de grandes empresas y multinacionales españolas.
Se pone así fin a un largo periodo de hibernación, desde que el llamado lobby del Ibex suspendió su reunión de diciembre del año pasado, justo un día después de las elecciones generales del día 20. Desde entonces no ha tenido apenas reuniones al máximo nivel.
El CEC, que nunca ha podido desprenderse de la imagen de poder económico alternativo en la sombra, se constituyó en febrero del 2011, en el momento álgido de la crisis económica española. Fue durante la última fase del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y cuando la amenaza del rescate internacional era más in- tensa. Su presidente ha sido desde su creación César Alierta, presi- dente de Telefónica, hasta abril pasado, cuando José María Álva- rez-Pallete le sustituyó al frente de la empresa de telecomunicaciones. Pese a que en teoría los mandatos en la presidencia del CEC eran de dos años y rotatorios, Alierta ha sido el único presidente en sus casi seis de existencia.
El CEC nació también como respuesta a la abierta crisis que en aquel momento atenazaba a la CEOE, la principal organización empresarial española. Su entonces presidente, Gerardo Díaz Ferrán, tuvo que dejar el cargo en octubre del 2010 a consecuencia de las irregularidades en su gestión empresarial al frente del grupo Marsans, que al final provocaron su ingreso en prisión y su posterior condena judicial. En vísperas de Navidad de ese año, le sustituyó Juan Rosell, con el proceso de creación del CEC ya prácticamente culminado.
Forman parte del mismo, además de Alierta y su sustituto en Telefónica, Álvarez-Pallete, Ana Botín (Banco Santander), Antoni Brufau (Repsol), José Manuel Entrecanales (Acciona), Isidro Fainé (La Caixa), Dimas Gimeno (El Corte Inglés), Francisco González (BBVA), Antonio Huertas (Map- fre), Pablo Isla (Inditex), José Creuheras (Planeta), Florentino Pérez (ACS), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Roig (Mercadona), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) y los tres últimos presidentes del Instituto de la Empresa Familiar Pedro Barceló (Barceló), Javier Moll (Prensa Ibérica) y Ignacio Osborne (Osborne). Fernando Casado es su director general.
Este think tank de las grandes compañías ha sido siempre controvertido. Incluso entre sus pro- pios integrantes. En la práctica, su dirección estaba en manos de lo que sus miembros denominaban la troika, el trío formado por Alier- ta; el fallecido presidente del Ban- co Santander, Emilio Botín, y Fainé, el expresidente de CaixaBank y presidente de la Fundació La Caixa.
Sus impulsores aseguran que en los momentos más duros de la tormenta de los mercados, el CEC dio la vuelta al mundo explicando las virtudes de la economía española y sus posibilidades como destino productivo. Varios de sus integrantes presentaron a inversores internacionales en las principales plazas mundiales la política de ajustes y reformas aplicada primero por el gobierno de Zapatero y, después, a partir de diciembre del 2011, por el de Mariano Rajoy. Las mismas fuentes defienden que el CEC ha contribuido a que la economía española sea líder en crecimiento y se mantenga estable políticamente en una Europa convulsa. Y ahora, una vez cumplida su función, ha llegado el momento de pasar página.
En cambio, para algunos de sus integrantes, era una amalgama contradictoria que intentaba el imposible de conjugar intereses de los acreedores, los bancos, con los deudores, las empresas industriales.
Durante la primera fase del Gobierno Rajoy, como la última de Zapatero, las relaciones con el poder político fueron buenas. Pero ese clima no se mantuvo. A finales de noviembre del 2014 el CEC, que contaba con el apoyo de los servicios de estudios económicos de sus empresas integrantes, emitió un informe en el que proponía un plan de “actuaciones reformistas para la creación de hasta 2,3 millones de empleos en los próximos cuatro años, lo que situaría la tasa de paro en el 14,2%”. Aquel documento vio la luz cuando la tasa de paro había escalado hasta casi el 24% y fue muy mal acogido por el Gobierno, que sintió cuestionada su política.
A partir de ese momento, el CEC se situó aún más bajo el foco crítico de la opinión pública y de los nuevos partidos emergentes, ante quienes apareció como un grupo de presión en favor de los sectores más pudientes. El CEC, el lobby del
Ibex, se convirtió ya en sujeto del debate político en el sentido más amplio.
Posteriormente, el ciclo preelectoral iniciado ya a principios del 2015 agudizó la visión politizada del CEC. Desde el Gobierno de Rajoy se lanzaron veladas acusaciones de estar detrás del crecimiento en las encuestas de Ciudadanos. Y tras el 20 de diciembre, se le atribuyó el diseño de la denominada operación Menina, que buscaría reemplazar a Mariano Rajoy por su vicepresidenta en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para facilitar un pacto de gran coalición entre el PP y el PSOE.
Su imagen pública, sumada al fallecimiento de Emilio Botín, sustituido por una Ana Botín muy poco partidaria de participar en este tipo de grupos, más la retirada de Alierta en Telefónica, y la ausencia de un relevo de consenso, han llevado al CEC a su disolución.
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