Vigilante de zona azul, una profesión de riesgo
Barcelona acaba de aprobar, con el voto favorable de todos los grupos municipales, una propuesta de ERC para prevenir “las agresiones a los vigilantes de las zonas azul y verde”. La propuesta, que prevé un estudio para delimitar “zonas de riesgo y patrones de violencia”, se produce semanas después de que la Síndica de Greuges intercediera en favor de estos profesionales, que tienen la consideración de personal auxiliar de la Guardia Urbana, pero no de agentes de la autoridad.
Zonas de riesgo y patrones de violencia... Sólo en determinadas áreas de la Barceloneta, el Raval y el Poblenou los oficiales de parquímetros patrullan en pareja. Calles turísticas, como los alrededores de la Sagrada Família, son especialmente conflictivas. Aunque parezca tragicómico, las agresiones son más frecuentes los días posteriores a importantes partidos de fútbol, como el derbi de hoy. Así lo aseguran representantes de los 309 empleados que trabajan para Barcelona de Serveis Municipal (BSM). Se trata de una empresa del Ayuntamiento y para el Ayuntamiento que preside el teniente de alcalde Jaume Collboni y que presta sus servicios con personal de la función pública, como los operarios de la grúa, los agentes cívicos o los propios vigilantes, que no son funcionarios.
Y ahí está el problema. El sector se considera desprotegido. Incluso la Síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, recomienda al gobierno municipal que les conceda o promueva “el reconocimiento de trabajadores públicos”. Un trato equivalente a agente de la autoridad les otorgaría, añade la Sindicatura, “una protección jurídica adecuada ante las faltas o delitos de que son víctimas”, como sucede con el personal sanitario, los interventores de transportes públicos y otros profesionales. Un cartel a la entrada de muchas bibliotecas públicas, como las de Badalona, recuerda que su personal “tiene la consideración de autoridad” y que los atentados que sufran en el ejercicio de sus funciones se pueden castigar con penas de “hasta cuatro años de cárcel”.
Juan Antonio Sánchez Belmonte, sindicalista de CC.OO., miembro del comité de empresa y vigilante de la zona azul, elogia el espaldarazo que él y sus compañeros han recibido de la defensora de los ciudadanos de Barcelona. “Pero no se trata exclusivamente –explica– de lograr más protección jurídica o penas más severas, sino sobre todo de concienciar a la ciudadanía y de prevenir agresiones y vejaciones”.
La empresa es partidaria de negociar y mejorar la seguridad de su plantilla, pero reduce la cifra de incidentes. Los vigilantes replican que una auditoría encargada por BSM a la firma Gabinete Profesional de Peritos Judiciales cifró en 117 la media de agresiones anuales –verbales o físicas– registradas entre el 2009 y el 2014. Sólo ese último año hubo 134. Los trabajadores explican una pesadilla de amenazas, intimidaciones e insultos. O de cosas peores. El secretario del comité de empresa de BSM se acaba de reincorporar, después de recuperarse de los golpes de tres vándalos. La salvajada no acabó peor gracias a la intercesión de un vigilante de seguridad de la mutua Asepeyo. Pero los casos
Los trabajadores aseguran que hay más agresiones después de un importante partido de fútbol y exigen un trato equivalente al de agentes de la autoridad
Según una auditoría, los oficiales de parquímetros de Barcelona reciben una media de 117 agresiones –verbales o físicas– al año que llegan a los tribunales son la punta del iceberg. Muchas víctimas se niegan a denunciar porque saben que el día del juicio serán llamados a declarar con su nombre y apellidos, que oirá perfectamente el acusado, y no se les identificará con un número de placa, como sucede por ejemplo con los guardias urbanos. “Recuérdalo: si me denuncias, me vengaré”, le dijo un conductor a una vigilante, según consta en las diligencias 89723/2014 de los Mossos. Amenazas así son habituales.