Bàscara dice no a la venta del edificio consistorial
La construcción del polígono industrial se convierte ahora en la “única alternativa”, según el alcalde, para reflotar la economía
El Ayuntamiento acumula una deuda de tres millones de euros, de los que la mitad se los debe al Estado
Los vecinos de Bàscara no quieren que se venda el edificio consistorial para saldar parte de la deuda que acumula el Ayuntamiento, que asciende a tres millones de euros. En la consulta popular no referendaria celebrada ayer, convocada por el Consistorio, el no ganó por amplia mayoría. El alcalde Narcís Saurina (ERC), en el cargo desde los pasados comicios, aseguró que el resultado es vinculante a pesar de la escasa participación (sólo votaron 270 de los 857 vecinos mayores de 16 años empadronados en Bàscara, un 31,5% de personas con derecho a voto).
La decisión de los vecinos obliga al equipo de gobierno a buscar otras vías de financiación para saldar una deuda que representa el 300% de su presupuesto municipal que para el 2017 será de 1,2 millones de euros. “Queríamos preguntar al pueblo para saber con qué cartas jugábamos para reflotar la economía, vender el edificio consistorial iba a ser nuestra última baza”, explica Saurina. La solución pasa ahora por desencallar el polígono industrial de Orriols que lleva diez años paralizado. El alcalde asegura que existe un acuerdo con el propietario de los terrenos y que de materializarse supondrá “una fuente de ingresos importante” para el municipio. Saurina calcula que permitirá aumentar los ingresos anuales en 120.000. La venta del edificio hubiese permitido al Consistorio ingresar unos dos millones de euros , saldar el 40% de deuda y ganar tiempo para encontrar otras fuentes de financiación.
Saurina atribuye la cuantiosa deuda, que califica de “inasumible” para un municipio de apenas mil habitantes a la mala gestión de los anteriores gobiernos, capitaneados por el exalcalde Lluís Lloret (CiU) que ha gobernado Bàscara durante más de 30 años. De los tres millones que adeuda el Consistorio, 1,5 millones se los debe al Estado; 670.000 euros a proveedores y 150.000 al banco. Además, el Consistorio tiene una demanda de una entidad bancaria por valor de 785.000 euros por las obras de construcción de un pabellón polideportivo inacabado y un juicio pendiente en el que el promotor del polígono industrial le pide cinco millones de euros por el supuesto incumplimiento de un convenio urbanístico.
El actual gobierno municipal ha realizado un plan de ajuste para reflotar la economía del pueblo. Saurina explica que se ha reducido a la mitad el sueldo que tenía su antecesor, ha buscado proveedores más baratos y ha cambiado la empresa explotadora de la guardería. Con estas y otras medidas de contención, el Consistorio cerrará el ejercicio con un beneficio neto del 0,5%. “Tardaríamos como mínimo 200 años en devolver todo lo que debemos”, explica.
La Oficina Antifraude ha abierto una investigación para evaluar los números rojos del Ayuntamiento y tras conocerse los resultados, el ejecutivo local no descarta pedir responsabilidades penales o económicas a los responsables de la menguada economía municipal.