Rajoy avisa a Forcadell que “ir contra la ley es ir contra la democracia”
El PSOE, sometido a presiones desde el Ejecutivo, dispuesto a apoyar al PNV
Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno central, afirmó desde Nueva York, donde participa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que “todos tenemos la obligación de cumplir la ley”, Rajoy se refería a la situación judicial que atraviesa en estos momentos la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. El presidente añadió que “tienen mayor obligación de cumplir la ley, lógicamente, aquellas personas que tenemos unas responsabilidades mayores”.
Rajoy, que hoy presidirá el Consejo de Seguridad, lanzó en este sentido una advertencia: “Si alguien cree que puede incumplir la ley y hacer lo que estime oportuno y conveniente, se equivoca totalmente en España y en cualquier otro lugar, porque sería ir a otro tipo de régimen político que nada tendría que ver con una democracia normal y la primacía de la ley que es al fin y a la postre la primacía de la voluntad de la mayoría”.
Rajoy evitó extenderse en explicaciones sobre otro de los asuntos de actualidad en la política española, el debate sobre la reforma del Tribunal Constitucional que precisamente esta tarde empezará a tramitarse en el Congreso con una iniciativa del PNV –y otra, que será desestimada del PDECat–. Rajoy aseguró a preguntas de los periodistas que “eso lo veremos mañana cuando se debata”. Nada más.
Pero aunque Rajoy pasó por encima sobre esta cuestión, la realidad es que podría convertirse en un nuevo revés para el Gobierno central. Y lo puede ser después de que el PSOE haya anunciado que está dispuesto a negociar en la fase de enmiendas una nueva regulación del Alto Tribunal, después de la propuesta presentada por el PNV para derogar diversos puntos esenciales. Las normas en vigor permiten que el TC suspenda a cargos públicos, entre otras medidas coercitivas y sancionadoras. El PSOE va a respaldar la iniciativa de los nacionalistas vascos para anular estas atribuciones.
El Gobierno tiene el máximo interés en que la reforma que impulsó hace un año no quede desactivada. El PSOE, a su vez, quiere que el Ejecutivo no pueda depositar en el Constitucional las decisiones políticas de mayor calado para hacer frente al soberanismo.
El Ejecutivo puede presionar al PSOE con la próxima renovación del Alto Tribunal. La renovación corresponde al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Si el PSOE quiere participar en esta negociación, tendrá que atender también las peticiones del Gobierno en otros capítulos. En consecuencia, la derogación que hoy se va a votar en el Congreso puede tener diversas evoluciones cuando se tramite la ley que proponen los nacionalistas vascos.
Ciudadanos, a su vez, intentará hacer de puente para que se mantenga la unidad de acción que sea posible entre las fuerzas políticas constitucionalistas.
FRANCESC PEIRÓN JOSÉ MARÍA BRUNET
Nueva York / Madrid Los socialistas quieren evitar que el Gobierno de Rajoy atribuya a los tribunales las decisiones políticas