La CUP apoya el trámite del presupuesto, pero pone condiciones
Los anticapitalistas fijan sus prioridades y el Govern recuerda la posibilidad de elecciones
Los presupuestos de la Generalitat para el 2017 han superado el primer escollo gracias al apoyo de la CUP a su tramitación, pero los cuperos esperan algún gesto más del Govern antes de darles su voto definitivo.
A diferencia de los del 2016, los presupuestos de la Generalitat del 2017 han superado el primer escollo y siguen, de momento, adelante. La CUP permitió ayer, al contrario del mes de junio, la tramitación de las cuentas en el Parlament, al rechazar al lado de Junts pel Sí –con dos votos en contra y ocho abstenciones– las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición (C’s, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PP), pero lo hizo, como estaba previsto, sin comprometerse con su aprobación final. Una actitud que mantiene la incógnita sin despejar y que, en la práctica, tiene como consecuencia que la política catalana continúa situada en la incertidumbre permanente, en un escenario en el que la formación de la izquierda anticapitalista pone sus condiciones sobre la mesa para dar luz verde a los números y el Govern recuerda que, de lo contrario, habrá elecciones.
En su presentación ante el pleno del Parlament –el último del año–, el vicepresidente y conseller de Economia, Oriol Junqueras, se esforzó por resaltar sobre todo el carácter netamente social de un proyecto de presupuestos que prevé 1.170 millones de euros más en este ámbito, gracias al aumento de la previsión de ingresos, que en 180 millones anuales será producto del incremento de impuestos introducido a través de la llamada ley de acompañamiento, que se debate hoy y que también superará las enmiendas a la totalidad. Eran las segundas cuentas que defendía el líder de ERC como máximo responsable de las finanzas públicas de Catalunya y, quizás para evitar repetir el fiasco de las primeras, esta vez puso el acento en la “justicia social” de los nuevos presupuestos, pensando que este era el guiño que más podía atraer a la CUP, incluso por encima de la cuestión del referéndum, a la que, de hecho, en su intervención inicial no dedicó ni la más mínima referencia.
El discurso social de Oriol Junqueras no fue suficiente, sin embargo, para convencer a la CUP, que, a pesar de permitir la tramitación de los presupuestos, presentará batalla para conseguir todavía algún otro gesto del Govern en esta materia. En concreto, los anticapitalistas esperan algún movimiento en fiscalidad y aumentar los impuestos “a los que más ganan”, un mayor esfuerzo en educación y un mayor impulso al proceso constituyente (en noviembre debería de haberse constituido la comisión de seguimiento pactada con Junts pel Sí). La diputada Eulàlia Reguant fue la encargada de verbalizarlo, y situó el referéndum, el proceso constituyente y el rescate social como los tres pilares de la legislatura que, a su entender, los presupuestos deben reforzar. Y justificó que los recortes aplicados durante diez años en servicios públicos, los desahucios y la precariedad obligan a su formación a ir más allá de lo que el Govern ha puesto negro sobre blanco en el proyecto presupuestario para el próximo ejercicio.
La partida destinada a educación va a ser precisamente una de las piedras angulares de la subsiguiente negociación con Junts pel Sí. La CUP la considera insuficiente y, además, pide incorporar para el curso que viene 6.000 docentes en lugar de los 3.599 que se prevén en las cuentas. Otro caballo de batalla de es conseguir una renta mínima garantizada de ciudadanía. En este punto Eulàlia Reguant anunció una batería de enmiendas destinadas a combatir las políticas de austeridad y de déficit eliminando el freno a la contratación de personal, a reducir un 19% la retribución de los altos cargos y eventuales para destinarlo a la renta mínima garantizada de ciudadanía, a un mayor control de las políticas de aval de la Generalitat, a la creación de fondos para luchar contra la corrupción y la evasión fiscal, a recuperar los servicios externalizados, a crear un parque público de vivienda y a crear una banca pública catalana, entre otras.
Una vez superado el debate de totalidad de ayer, el Govern confía
Junqueras pone el acento en el contenido social del presupuesto en busca del respaldo de los cuperos
en que los presupuestos puedan aprobarse definitivamente en la fecha prevista de principios de febrero, por el “carácter estratégico que tienen para el país y para el proceso”, según subrayó la consellera de Presidència, Neus Munté, tras la habitual reunión de los martes, a pesar de no tener la garantía de la CUP de que así será. Una decisión que la formación de la izquierda anticapitalista no tiene previsto adoptar hasta el 28 de enero, después de conocer el desenlace del debate a la totalidad de los departamentos, fijado, tras el paréntesis navideño, para mediados del próximo mes y que el Govern es plenamente consciente de que en algunos casos puede resultar especialmente dificultoso. En este sentido, todo apunta a que el presupuesto del departamento de Interior puede convertirse también en piedra de toque del apoyo de la CUP, a la vista de la continuada polémica que se está produciendo sobre el papel de los Mossos d’Esquadra.
El gabinete de Carles Puigdemont sabe que a partir de ahora se enfrenta a esta situación y, aunque Neus Munté declare públicamente no sentirse especialmente preocupada por la decisión de la formación de la izquierda anticapitalista, la realidad es que o consigue aprobar los presupuestos o se verá abocado a la convocatoria anticipada de elecciones, como advirtió en su día el presidente de la Generalitat y recordó ayer la consellera de Presidència. “Tenemos todavía mucho trabajo por delante –enmiendas a la totalidad de los departamentos y enmiendas al articulado– y trabajaremos para sacarlos adelante”, precisan, en todo caso, fuentes del Govern, que en su reunión de ayer, y en la medida en que, sea como sea, no pueden aprobarse antes de acabar el año, dio luz verde a los criterios técnicos de aplicación de la prórroga para que las cuentas –que son todavía las del 2015– sigan en vigor el 2017 mientras no sean una realidad las nuevas.
La CUP considera pilares del mandato el rescate social, el referéndum y el proceso constituyente